Por fin alguien ha dado propuestas concretas. No han llegado del Gobierno ni del Parlamento, ha tenido que ser la Confederación Empresarial de Madrid -de CEOE- la que ha puesto sobre la mesa del que quiera ponerse a trabajar, medidas como la creación de un «contrato de crisis», con bonificaciones a su utilización y una indemnización por despido de 20 días por año trabajado, de «carácter coyuntural o indefinido» y aplazar 9 meses el pago del IVA y 3 meses el de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Con estas medidas urgentes y de carácter coyuntural, las empresas lograrían una inyección inmediata del 10% de su factura mensual, según concretó ayer el presidente de la confederación, Arturo Fernández.
Y, además, con carácter estructural, tampoco descartan que el citado «contrato de crisis» sea negociado con el Gobierno y los sindicatos para introducir una mayor flexibilidad en las empresas de forma duradera, ya que por la falta de flexibilidad las empresas pierden competitividad. Este tipo de contrato, que tendría «duración ilimitada y estaría destinado a los parados, se debería incluir en una reforma laboral, que Fernández calificó de «urgente y necesaria». De momento, y con el beneplácito de la cúpula de la CEOE, de la que Fernández es vicepresidente, estas propuestas se entregarán al Gobierno y a los líderes sindicales. Y tienen previsto convocar asambleas para explicar las propuestas a los empresarios.
Asimismo, y como medidas estructurales, «aprovechando la oportunidad que proporciona la crisis», CEIM propone una reducción del 25% del tipo del Impuesto de Sociedades y de 5 puntos de las cotización de la Seguridad Social, así como una «urgente» rebaja a la mitad del Impuesto de Sociedades para las pymes, de manera que los 120.000 primeros euros de beneficios tributen al 12,5%. Según los cálculos de la patronal madrileña, el aplazamiento de las cuotas más el recorte del 5% de las cotizaciones supondría una «liquidez en vena mensual» para las empresas, con la que podrían pagar la nómina de sus trabajadores. Ahora, lo que está ocurriendo es que las empresas necesitan liquidez y recortan por donde les sale más barato, especialmente en algunos tipos de contratos.
Incluso CEIM pidió ayer austeridad a las Administraciones Públicas, recortando su gasto corriente en el mismo porcentaje que el déficit que tengan previsto cada una para 2009.
En cuanto a la financiación que necesitan de las entidades, Fernández aseguró que bancos y cajas están dando créditos, pero «en condiciones no viables», por lo que «alrededor del 15% de las pymes pueden estar en riesgo». Mientras tanto la liquidez que ha dado el Gobierno a las entidades «no está calando en el tejido industrial», cuando «todos estamos en el mismo barco, y no se trata de ir unos contra otros», dijo Fernández.
