Barak advierte que «ni España ni nadie enseñará moralidad» al ejército israelí
«El Ejército israelí es el Ejército más ético del mundo e hizo todo lo posible para mantener a los civiles alejados de los disparos. No nos enseñarán moralidad los países de la región y no nos enseñará moralidad España ni nadie más». Con estas ... palabras, el ministro de Defensa judío, Ehud Barak, defendía ayer en términos amplios la conducta presente y pasada de las Fuerzas Armadas hebreas, puesta bajo sospecha por una investigación abierta en la Audiencia Nacional española y, más recientemente, por la iniciativa del Tribunal Penal Internacional (TPI) que estudia un posible procedimiento por crímenes de guerra.
Barak hizo estas declaraciones ante la prestigiosa Conferencia de Herzliya, -donde cada año políticos y militares confrontan sus visiones estratégicas sobre Israel-, y al mismo tiempo que la aviación judía bombardeaba de nuevo la franja. El titular de Defensa se sumaba así a voces como la del primer ministro hebreo, Ehud Olmert, que estos días se han alzado para arropar a sus tropas y reprochar las pretensiones judiciales españolas.
«Insulto a Israel»
La crítica más dura al respecto llegaba, no obstante, de la norteamericana Liga Anti-difamación Judía, cuyo director, Abraham Foxman, ha tachado de «hipócrita y de insulto al Estado de Israel» la decisión de la Audiencia Nacional. «Dado el vergonzoso historial de su propia judicatura, -decía- España no está en posición de destacarse a sí misma como un ejemplo sobre terror y ley. Hubiera sido mejor que tratara de abordar sus mayúsculas deficiencias, en vez de empañar la independencia y alta respetabilidad de la judicatura de Israel», añadía Foxman, que ilustró su discurso recordando la liberación en España de Eddin Barakat Yarkas, condenado por financiar el 11-S y «la paralización de la investigación sobre los asesinatos de 100.000 ciudadanos durante la dictadura de Franco».
El juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional española, admitía el 29 de enero a trámite la querella interpuesta por el «Centro Palestino para los Derechos Humanos» por el lanzamiento en 2002 de una bomba que mató en Gaza a un terrorista y 14 civiles.
De forma independiente, el fiscal jefe del TPI, Luis Moreno Ocampo, ratificó ayer que, en efecto, se encuentra inmerso en un «análisis preliminar» para poder determinar si Israel cometió crímenes de guerra en Gaza relacionados con el lanzamiento de fósforo blanco.
En cualquier caso, Moreno Ocampo advirtió ayer que una decisión sobre las presuntas responsabilidades criminales de Israel llevará años, dados los obstáculos que la Corte tendrá que sortear sólo para poder entender de este caso.
El primero de estos obstáculos ha empezado a despejarse, una vez que la Autoridad Nacional Palestina ha depositado una declaración ante el TPI «aceptando la jurisdicción de la Corte Internacional por crímenes cometidos en la franja desde julio de 2002». Este formalismo es obligado, pues la ANP no es firmante del Estatuto de Roma que regula el funcionamiento del Tribunal, aunque ahora será preciso que, a su vez, el Tribunal estudie si la ANP puede acogerse a esta jurisdicción, lo que implicaría reconocer de facto a los palestinos la condición de «Estado».
Por otro lado, el diario «Haaretz» de Tel Aviv aseguraba anoche que la ONU ha echado marcha atrás «bajo presiones» en su denuncia sobre la muerte el 6 de enero de 43 civiles en el ataque a una de sus escuelas en Gaza. Naciones Unidas.
Mientras, la aviación israelí bombardeó ayer cuatro túneles de los que utiliza Hamás para el contrabando de armas en la frontera con Egipto, en respuesta al lanzamiento de dos cohetes palestinos contra la ciudad de Ashkelon, donde solamente hubo daños materiales.
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