El portavoz del Gobierno, Enrique Cervera, confirmó ayer que los derechos de la obra pertenecen «a todos los andaluces»
Clavero: «Nadie puede cobrar por los emblemas andaluces»
El catedrático de Derecho Administrativo Manuel Clavero Arévalo, que es uno de los más prestigiosos conocedores de la vida y obra de Blas Infante, participó a través de su Fundación en las negociaciones de sus herederos con la Junta para la cesión del himno en 2001. Y con respecto a esta polémica también es muy claro: «La familia de Blas Infante cedió gratuitamente a la Junta de Andalucía, no sólo el himno, sino también la bandera y el escudo y, además, esta donación fue aceptada por el Consejo de Gobierno. Por tanto, no hay ninguna duda de a quién corresponde la propiedad de estos emblemas andaluces. Es decir, nadie puede cobrar por el uso que pueda hacerse de ellos».
El portavoz del Gobierno de la Junta, Enrique Cervera, instó ayer a la Consejería de Cultura a ponerse en contacto con la Sociedad General de Autores para aclarar que los derechos del Himno de Andalucía pertenecen al pueblo andaluz. Esta medida tomada por la Junta es consecuencia de la información publicada por ABC acerca del cobro de la SGAE de los derechos del himno de Blas Infante a pesar de que su familia los donó a los andaluces en 2001 a través de un acuerdo que se firmó ante notario por el que se cedía a la Consejería de Relaciones Institucionales el escudo, la bandera y la letra de esta obra compuesta sobre una música popular del «Santo Dios» de los Escolapios de Archidona que después arregló José Albero.
Cervera subrayó que los derechos del Himno de Andalucía «pertenecen al Ejecutivo andaluz y a todos los andaluces» y desveló que ha encargado a Cultura «que se ponga en contacto con la SGAE para que se informe ante la posibilidad de que esté cobrando por su uso comercial».
Además, el portavoz del Gobierno hizo referencia a las declaraciones del delegado de zona de la SGAE a este periódico, Luis Lozano, sobre los escasos derechos que genera la obra: «No es extraño que genere cantidades modestas por un uso comercial, por eso he encargado a la Consejería de Cultura que se informe con detalles de la situación».
Fuentes de Cultura explican que la propia consejera se pondrá a trabajar en ello en los próximos días, aunque desde la SGAE se reconoce que ayer ya «recibimos una llamada» para solucionar este tema.
La cuestión es que en la base de datos de la Sociedad General de Autores y Editores hay nueve registros de esta pieza, de los que tres siguen manteniendo el nombre de Blas Infante Pérez, por lo que la entidad de gestión continúa recaudando por una obra que sus herederos donaron a los andaluces, así como por otras versiones que sí generan derechos para sus autores, ya que se trata de músicas nuevas para una letra de Infante por la que no necesitan el permiso del autor, pues desde la cesión en 2001 esta obra es de dominio público. A este respecto, el director de la delegación de Andalucía afirma que «si una obra es de dominio público, cualquiera puede cogerla y adaptarla con su propio nombre». No obstante, hay que aclarar que ninguna de estas versiones inscritas en la SGAE está dada de alta en el Registro de la Propiedad Intelectual.
Reacciones políticas
El caso ha provocado muchas reacciones políticas. El Partido Andalucista, a través de su secretaria general, Pilar González, exigió a los servicios jurídicos de la Junta que aclaren la situación.
El Partido Popular, cuyo portavoz parlamentario de Cultura, Antonio Garrido, criticó «la voracidad» de la SGAE: «En mi etapa de teniente de alcalde de Cultura y Turismo de Málaga tuve relación con ella, así que tengo argumentos para decir que la SGAE se caracteriza por una cualidad fundamental: la voracidad. No hay otra palabra que defina mejor su comportamiento».
Y esa «voracidad» es la que Garrido cree que ha «confundido» a la entidad de gestión en el caso del Himno: «Es absurdo que los herederos regalen el himno a los andaluces en un gesto que les honra y que le agradecemos, porque se trata de una obra con un alto valor simbólico, y que la SGAE pretenda cobrar por eso. Es una muestra más de esa voracidad, pero no me sorprende porque cobra por obras anónimas que no tienen beneficiarios de derechos de autor. ¿Cómo no va a cobrar por cualquier cosa que se mueva? Si pudiera, cobraría por los silbidos en la ducha, pondría una cámara oculta y cobraría. Es absolutamente vergonzoso. Una cosa es defender la propiedad intelectual, que en eso estamos todos de acuerdo, y otra cosa es la rapacidad, lo que no tiene lógica. Si le explicas a cualquier andaluz que por escuchar su himno tiene que pagar, eso no lo entiende nadie, porque eso no se puede entender».
Garrido también tiene palabras para el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista, sobre la entrevista que concedió hace unos días a este periódico: «Yo conocía a Bautista cuando era un excelente intérprete de jazz, pero es que se ha convertido en un auténtico depredador. A nosotros, como Partido Popular, defender los derechos de autor nos parece muy importante, pero la forma de actuar de la SGAE es vergonzosa. Las declaraciones del otro día de Bautista fueron muy desafortunadas, y con esas afirmaciones lo que pasa es que la imagen de la SGAE, que tendría que ser un instrumento de cultura y de control para que los artistas cobren sus derechos, no es buena y la visión que tenemos todos es que en un cruce de caminos hay un señor dispuesto a asaltarte. Así que hay que tener cuidado con ir cantando por la calle, porque te puede aparecer el cobrador del frack».
Medidas legales
También se suma a la polémica el Bloque Nacional Andaluz, que «muestra su fuerte rechazo sin paliativos a que la SGAE cobre por algo que pertenece a todos los andaluces».
El coordinador general de BNA, Pepe Navarro, añade que «la sensibilidad de la SGAE y la conciencia de sus dirigentes dejan mucho que desear» y censura las declaraciones de Luis Lozano: «Sus manifestaciones no tienen ningún tipo de justificación ni legal ni moral, porque la familia de don Blas Infante donó a todos los andaluces estos derechos».
Por todo ello, Navarro avanza que pedirá explicaciones a la SGAE y tomará medidas legales en caso de no obtener una respuesta satisfactoria.

