El Defensor del Pueblo denuncia malos tratos en centros de menores

Una realidad escandalosa con consecuencias irreparables, como muestra el documento , donde narra dramáticos casos y situaciones que atraviesan los menores. Una de las peores tragedias tuvo lugar en el centro Picón de Jarama, en Madrid, cuya gestión es compartida por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y la Fundación Internacional O´Belén. En sus instalaciones murió un chico marroquí de trece años «en circunstancias aún no determinadas por el informe de la autopsia».

Otro menor de ese centro también intentó suicidarse, ahorcándose con una sábana, afortunadamente sin éxito. El informe narra el caso de otro chico que se autolesionó al tragarse un lapicero y unas llaves. Y otro de los chavales ha presentado sendas denuncias porque fue agredido físicamente en dos ocasiones por parte de unos vigilantes del equipo de seguridad.

Sin embargo, ayer, la Comunidad de Madrid salió al paso de las denuncias de Múgica y negó que se vulneren los derechos de los jóvenes o que se maniate a alguien en el centro de menores de Picón. Como también lo hizo el presidente de la Fundación O´Belén.

Por desgracia estos trágicos episodios se han producido también en el centro Baix Maestrat de Castellón . Uno de los chicos contó al equipo de investigación de Múgica que un vigilante de seguridad le rompió el brazo al intentar corregirle. En el centro Tetuán (Madrid), ya cerrado, una menor se provocó múltiples heridas en los antebrazos con la cuchilla de un sacapuntas. Había sufrido un ataque de pánico al no poder salir de su habitación y fue reducida por un policía «de manera contundente», según declararon las propias compañeras.

Salas de aislamiento

Las denuncias y testimonios de padres, educadores y de los propios menores, y los datos facilitados por los centros, han revelado «las numerosas irregularidades, e incluso vulneraciones de derechos» que se están cometiendo en algunos de estos establecimientos. El Defensor del Pueblo ha comprobado 27 de los 58 centros de protección de menores existentes en España. En ellos viven chicos de entre once y 18 años que en el 87% de los casos tienen nacionalidad española.

Algunas de las medidas para controlar peleas u otro tipo de conductas agresivas o violentas de los chavales resultan más que excesivas. Por ejemplo, en más de la mitad de los centros existen «celdas de aislamiento verdaderamente atroces, denominadas a veces -no sin buena dosis de eufemismo- «salas de tiempo fuera» o «salas de baja estimulación», con portones blindados de hierro y paredes forradas con caucho o goma de color negro, sin ventilación ni comunicación alguna al exterior, en las que los menores pueden permanecer recluidos por tiempo indeterminado y cuyo uso es defendido por algún especialista con argumentos pretendidamente clínicos o de seguridad». Múgica señala en su documento que un profesional justificó la función de estas salas de la siguiente forma: «Se trata de que el niño toque fondo, de anular del todo su resistencia».

Pastillas y castigos

El Defensor del Pueblo comprobó que en alguna de esas celdas hay una cama anclada al suelo, incluso en uno de los centros tenía correas. «Difícilmente un cuchitril asfixiante, más parecido a una celda de castigo medieval» podría tranquilizar a los chicos. Muchos de ellos para soportar esa angustia piden medicación, otra de las práctica más extendidas entre estas instituciones para controlar a los chavales. El 75% de estos establecimientos les suministra tratamiento farmacológico. Se les suele «atiborrar de pastillas», incluso «contra su voluntad y sin la debida prescripción médica». El Defensor advierte: «No se sabe a ciencia cierta si sufrirán los niños el día de mañana secuelas irreversibles por haber consumido abundantes cantidades de neurolépticos, relajantes e hipnóticos durante su larga permanencia en los centros».

Las quejas de los menores son innumerables: en algunos centros se prohíbe a los chicos salir al patio durante una semana; cuando dos menores se llevan mal, se les ata por las muñecas; otras veces se les amarra a la cama para evitar que se puedan mover; para impedir que se hagan daño entre ellos incluso se les arroja contra el suelo y bocabajo «con tal exceso de agresividad que, en ocasiones, provoca lesiones físicas»; los educadores hacen uso de collejas educativas...

Un sinfín de trágicas experiencias que Múgica presentará dentro de quince días en la Comisión Mixta del Senado y del Congreso de relaciones con el Defensor del Pueblo.