Martes, 03-02-09
LOS jueces amenazan estos días con ir a la huelga en una situación sin precedentes. Al tratarse de un poder del Estado no tienen reconocido tal derecho, aunque tampoco existe prohibición expresa produciéndose así un curioso vacío legal que los mismos jueces deben resolver. La polémica está servida.
La sanidad y la educación son siempre objeto de debate público por tratarse de sectores a los que acceden mayoritariamente los ciudadanos, pero la Justicia no tiene porque ser siempre la hermana pobre de la Administración Pública.
El Pacto Nacional para la reforma de la justicia contenía entre otros un ambicioso proyecto de reforma de la oficina judicial, que tenía como objetivos principales, especializar los juzgados, agilizar los procesos judiciales, modernizar, informatizar y tecnificar el sistema, racionalizar el reparto de tareas de la oficina judicial, y dotar a los funcionarios de justicia de una formación acorde con las nuevas tecnologías con el objetivo de acercar la justicia al ciudadano y ofrecer un servicio de calidad.
En las últimas legislaturas y desde la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afectaba a directamente a la gestión de los procesos judiciales, la justicia a visto paralizadas todas las reformas que necesitaba para su modernización.El cambio producido del gobierno popular, firme en sus objetivos de modernización, a un gobierno socialista, pospuso «sine die» la citada reforma, haciendo saltar por los aires un pacto que costó años de trabajo y negociación.
La demora en el tiempo ha provocado el colapso de la justicia y una situación del todo insostenible que lamentablemente se ha puesto de relieve con el caso Mari Luz de consecuencias irreparables. Sólo en Cataluña, en el primer semestre del año 2008 restaban por ejecutar un total de 75.000 sentencias, eso sin contar los miles de asuntos en trámite que se acumulan como consecuencia de situación de crisis.
Pero lo cierto es que la actitud de los responsables de la administración de Justicia, no están a la altura. La Consellera de Justicia anuncia recortes de personal por la crisis mientras los pleitos se siguen acumulando, y el Ministro Bermejo, lejos de tomar conciencia de la grave situación, anuncia una inversión insuficiente, muy por debajo de la que el ejecutivo español va a gastar en promocionar su acción de gobierno. La campaña publicitaria nos costará 30 millones de euros que bien podrían invertirse en modernizar y agilizar la Justicia.
Está claro, que el gobierno ZP está más preocupado por promocionarse, que por dar prioridad a la Justicia. No es de extrañar que los jueces estén indignados, los secretarios amenacen con ir a la huelga y los que solicitan justicia atemorizados, mientras la delincuencia anda impune aprovechando la situación.
Si es así, luego que no busquen culpables y no se vengan lamentando.
Carina
Mejías
Diputada del PP
en el Parlament
TRIBUNA ABIERTA