Jueves, 29-01-09
Los fiscales de seguridad vial han decidido desempolvar una vieja ley de 1962 y perseguir a los funcionarios públicos negligentes que con su actuaciones o decisiones -diseños de trazados de curvas peligrosas, mala instalación de señales, construcción de carreteras inapropiadas...- pongan en peligro la vida de los conductores.
Fue el acuerdo más llamativa al que se se llegó durante la III edición de las Jornadas Nacionales de Fiscales de Seguridad Vial. Presentó las conclusiones el fiscal coordinador sobre esta materia, Bartolomé Vargas, que explicó que «se impondrán sanciones penales para los funcionarios públicos que incumplan gravemente sus deberes en la construcción, mantenimiento y señalización de las carreteras».
Este acuerdo entre los fiscales persigue velar por el cumplimiento del artículo 385.2 del Código Penal, que regula el delito de «comisión por omisión», para casos en se ponga «en grave riesgo la circulación», una norma que se encuentra en vigor desde hace más de 40 años, pero que «hasta ahora nunca se había aplicado para funcionarios», resaltó Vargas.
Las principales asociaciones de automovilistas respaldaron la propuesta de los fiscales porque que «en muchas ocasiones la culpa de los accidentes o de que las unidades sanitarias no lleguen a tiempo es del mal estado de las vías».
Por otra parte, la aseguradora Línea Directa dio ayer a conocer el informe «La velocidad en los accidentes de tráfico: efectos del carné por puntos (2003-2007)».
La principal conclusión del estudio pone de manifiesto que, a pesar de que las infracciones se han reducido y la tendencia general es descendente, los conductores fallecidos en accidente de tráfico a causa de la velocidad aumentaron un 3% durante 2007, justo durante el año siguiente de la entrada en vigor del carné por puntos.
De hecho, el 42% de los puntos que se retiran al año se deben a infracciones relacionadas con la velocidad.