La reacción de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a la resolución del Tribunal Supremo (TS) sobre la no viabilidad de la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía se produjo a las pocas horas de conocer la resolución judicial. El máximo responsable de este departamento del Gobierno regional, Juan José Mateos, advirtió que hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) no se pronuncie al respecto, los 138 niños cuyos padres presentaron en tiempo y forma la objeción a esta materia implantada por el Ministerio de Educación seguirán sin acudir a las clases de la asignatura. Mateos recordó que el pronunciamiento del TS se refiere a los recursos de las comunidades de Andalucía y Asturias.

Sin embargo, Juan José Mateos reconoció que «parece dentro de toda lógica que la sentencia del Tribunal Supremo, que crea jurisprudencia, sea asumida por el Tribunal Superior de Castilla y León y dicte sentencia definitiva pronto». De todos modos, el consejero de Educación prefirió no valorar la resolución conocida ayer por no haberla recibido aún, aunque vaticinó que será «compleja» por «la división de los votos emitidos» por los magistrados del Alto Tribunal, augurando que «tendrá muchos matices», que serán estudiados por los servicios jurídicos de la Junta.

Mateos aseguró que cuando el TSJCL resuelva definitiva el procedimiento planteado por las objeciones de conciencia presentadas en Castilla y León, que suspendió cuatelarmente la obligación de acudir a las clases de esta materia a la espera del pronunciamiento del TS, los alumnos objetores «regresarán con normalidad» a las aulas donde se imparte esta asignatura, a la vez que subrayó que «en los colegios acogerán esta vuelta con respeto».

Preguntado por cómo recuperarán el medio curso que casi han perdido, Mateos barajó varias opciones para evitar el retraso, como son clases extraordinarias, trabajos escolares específicos sobre la materia o tutorías asistenciales para lograr su normalización.

El máximo responsable de la política educativa en Castilla y León volvió a atacar la implantación de Educación para la Ciudadanía por parte del Gobierno central «sin ningún tipo de consenso con las comunidades autónomas, ni con las familias».

Además, consideró que todo el conflicto suscitado desde su implantación se hubiera evitado si la asignatura fuese «optativa».

El consejero de Educación recordó que es la primera vez en el sistema educativo español que una asignatura ha generado tal «conflicto», además de un millar de resoluciones judiciales en diferentes y opuestos sentidos, además de casi tres días de debate entre los magistrados del TS; circunstancias todas ellas que debería llevar al Gobierno, apuntó Mateos, «a reflexionar sobre su actuación» en este caso, que «ha obviado los problemas reales y graves del sistema educativo».

«Estamos con ellos»

Además, Juan José Mateos expresó su solidaridad con las familias que han objetado, asegurando que «entiendo y comparto la desazón de las familias que han objetado y con sus discrepancias morales. Estamos con ellos».

De todos modos, el consejero de Educación resaltó que el desarrollo normativo del Gobierno castellano y leonés para la implantación de Educación para la Ciudadanía «garantiza la neutralidad de la asignatura», por lo que la implantación de la asignatura «no ha generado polémica» en la Comunidad.

Lo ciertos es que por el momento, el Gobierno central ha recurrido la implantación realizada por la Junta de esta materia al considerar que ha eliminado temas consustanciales a su objeto. En este sentido, Mateos confió en que este frente judicial, los tribunales «nos den la razón».