Como en otras ocasiones, en la universidad española vivimos pendientes del calendario de cuestiones urgentes, así como de problemas que, por acumularse, se agrandan. Nada de esto favorece el clima de sosiego necesario para la tarea académica -docente e investigadora- que debería absorber la totalidad de las energías. Dos ejemplos pueden ilustrar la afirmación. Con la adaptación a Bolonia en su recta final, diez años después de haberse aceptado la iniciativa, la ministra del ramo afirma que no se hizo nada hasta 2005 -la pregunta es qué se hizo después-, al tiempo que pide a los rectores un compromiso más firme. Acusaciones aparte, tenemos un sistema organizativo tan complejo que, desarrollar nuevos planes docentes, supone un complicado ejercicio basado en buena medida en conciliar intereses. Las decisiones se aplazan hasta agotar los plazos. Así ocurrió en los 80, tras la LRU, y así sucede ahora. Un ingente número de planes de estudio, de grado y posgrado, esperan su valoración por la ANECA, cuando incluso se discute cuál debe ser el alcance de la evaluación por parte de esta agencia.

Los nuevos procesos de selección y promoción del profesorado, propios de la reforma universitaria de la legislatura pasada, empiezan a producir previsibles efectos no deseados. Se suprimió la prueba pública nacional, abierta y competitiva, para habilitar profesores en función del número previsible de plazas existentes, estableciendo una acreditación para profesores y catedráticos, sin límite de plazas. No está claro que tantos acreditados -con méritos indudables- vayan a encontrar plazas que ocupar, ni que las universidades a las que pertenecen puedan promocionarlos, especialmente en época de recortes económicos. Lo peor es que no hay el menor indicio de que todo esto vaya a propiciar la necesaria movilidad, tan esencial en los sistemas universitarios avanzados ¿Sería mucho pedir que la Estrategia Universidad 2015 abordara de una vez la solución de estos problemas?

Catedrático de la

Universidad

Complutense