Lunes, 26-01-09
D. MARTÍNEZ
ALICANTE. La protección del litoral de la Comunidad ha sido una de las constantes en la argumentación política del Gobierno durante la pasada legislatura y la primera parte de la actual. Las expropiaciones a base de deslindes -en virtud de la Ley de Costas- se han combinado con críticas al supuesto «urbanismo salvaje» que, según consideraban al menos hasta hace poco los socialistas, promueve el Consell.
Sin embargo, a la luz de las cifras, el argumentario del Ministerio de Medio Ambiente parece más cerca de la retórica política que de la aplicación real en su acción de gobierno. Sólo así se entiende la paupérrima inversión del Ejecutivo en la conservación de las costas alicantinas durante los últimos dos años.
Según consta en la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por los senadores del PP por Alicante, la inversión del Ministerio de Medio Ambiente en este apartado entre los años 2007 y 2008 fue de 3,9 millones de euros, cuando debería haber alcanzado los 7,3 millones, según los Presupuestos Generales del Estado.
Es decir, mientras la entonces titular de la cartera, Cristina Narbona, cargaba contra el PP con la excusa de una política urbanística que destruía la costa -la expropiación, todavía no concretada, de Punta Llisera en Benidorm fue paradigmática-, su departamento invirtió sólo el 56 por ciento de lo previsto en la regeneración y protección de las playas de la provincia de Alicante.
Según la citada respuesta parlamentaria, el Ministerio aprobó un «contrato de mantenimiento y conservación de la costa» para los años 2007-2008, por un importe de 7.326.520,29 euros. El pasado 16 de diciembre, cuando se publicó la respuesta, sólo se habían ejecutado 3.985.525,57. Algo más de la mitad.
Regeneración de áridos
El abanico de actuaciones comprendidas en el contrato de mantenimiento y conservación de la costa alicantina es bastante amplio, y abarca desde pequeñas obras de mantenimiento hasta ambiciosos proyectos para ganar terreno al mar.
Así, entre las obras contempladas en la partida ejecutada sólo al 56 por ciento se incluían, entre otras, actuaciones para realizar aportes de áridos -relleno de las playas- o redistribuirlos, según consta en el anexo a la respuesta.
Además de la recuperación de terreno respecto al Mediterráneo, también se contemplaban obras para adecuar los accesos a las playas, retirar elementos peligrosos o ruinosos, limpiar la playa y retirar algas y medusas, o reparar elementos de defensa. La partida se refería a prácticamente todas las playas de la provincia.
La respuesta del Gobierno a los senadores alicantinos, concretada en una explicación más que escueta, elude ofrecer más razones sobre los motivos que llevaron al Ministerio de Medio Ambiente a dejar sin ejecutar más de tres millones de euros.
MARIO AYÚS
Vista de la construcción en Punta Llisera, demolida por no ajustarse a la Ley de Costas