JAIME GARCÍA Bono y la portavoz popular Soraya Sáenz de Santamaría, en un acto público en noviembre
Cinco líneas para salir al paso de una polémica
El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, dejó de ser mando único de la Policía y la Guardia Civil en abril, pero continúa viviendo en una casa de la Dirección General de la Guardia Civil, en Guzmán el Bueno, un pabellón de cargo, como publicó ABC en octubre. Su sucesor, Francisco Javier Velázquez, modificó en mayo la orden general sobre regulación de pabellones para adecuarla legalmente a la nueva exigencia. La polémica entró de lleno en el Congreso y la oposición obligó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a dar explicaciones en el Parlamento. El ministro arguyó que era más seguro y barato que Mesquida viviera allí gratis total. El PP envió una pregunta por escrito al Gobierno para conocer todos los detalles y clarificar este asunto. La contestación del Ejecutivo ocupa cinco líneas: «El secretario de Estado de Turismo, por razones de seguridad y ahorro, dispone de un régimen especial en cuanto a la vivienda oficial que ocupa, como consecuencia de las responsabilidades públicas que ostentó durante la pasada legislatura». Ni un dato más.
La diputada no da crédito a lo que tiene entre las manos. Lo mira, lo lee y lo relee en voz alta, y su indignación va a más: «¡Esto es una vejación al trabajo de los diputados y a su función de control del Gobierno!». Un dirigente de su grupo parlamentario asiente: «¡Es una burla! Una tomadura de pelo». La diputada es Celinda Sánchez, del Grupo Popular, y recuerda que desde 1993, año en que ella llegó a la Carrera de San Jerónimo por primera vez, no había visto una cosa parecida. Y decide, con el visto bueno de su portavoz, pedir amparo al presidente del Congreso, José Bono.
En los papeles que sostiene Celinda Sánchez están las respuestas del Gobierno a varias preguntas que envió esta diputada por Palencia hace meses. Las preguntas para respuesta escrita forman parte de la acción de control al Gobierno en el Parlamento, pero también del derecho de información que tienen las Cámaras, según dice la Constitución de 1978.
Cuestiones muy concretas
«¿Cuál es la cifra total que el Gobierno anticipará con cargo a la liquidación definitiva de la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado correspondiente al ejercicio 2007, así como el desglose por ayuntamientos y fecha de ingreso previsto en las arcas municipales?». La pregunta, como se ve, no puede ser más plana, en el buen sentido de la palabra. La diputada pide unos datos muy concretos sobre el área en la que ella trabaja en el día a día del Congreso, las Administraciones Públicas.
En su respuesta, el Gobierno remite a la diputada a una dirección de internet, donde podrá encontrar los datos solicitados: «En relación al asunto de referencia, se señala que desde el mes de enero de 2006 toda la información de los pagos mensuales a entidades locales y retenciones practicadas se encuentra disponible en el servidor web del Ministerio de Economía y hacienda, en la Oficina Virtual para las Entidades Locales, en la siguiente dirección: http: //www.meh.es/Portal/Administracion+Electronica/DatosFinanciacionEL.htm».
A continuación se añade un dato: los ayuntamientos recibirán como anticipo de la liquidación de 2007 293.430.962,05 euros y se transferirá en diciembre. Y se acabó, ni un dato más. El desglose por ayuntamientos le debió de parecer al Gobierno ya demasiado. Para más información, está internet.
Número de altos cargos
Otra pregunta muy concreta: «¿Cuál es el número de altos cargos y asesores en el Ministerio de Cultura en los ejercicios 2005, 2007, 2007 y 2008?». La diputada repitió la misma cuestión para cada Ministerio. El Gobierno envía una sola respuesta: «En cuanto al número de altos cargos en cada Departamento Ministerial así como el resto de personal al servicio de la Administración, se encuentra a disposición en la documentación que se remite a la Cámara anualmente, acompañando a los Presupuestos Generales del Estado».
Una pregunta más: «¿Cuál es el número de personal no funcionario adscrito a los altos cargos y asesores en el Ministerio de la Vivienda?». Así para cada Ministerio. Respuesta del Gobierno: «Su número viene fijado en el artículo 18 del R. D. 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales».
La situación no es nueva. Desde que empezó la IX Legislatura, en abril, los grupos parlamentarios han enviado 47.077 preguntas para respuesta escrita al Gobierno. Es una función de los diputados reconocida en el Reglamento del Congreso, para poder ejercer con garantías el control parlamentario al Poder Ejecutivo. La transparencia, además, fue la palabra «mágica» empleada por el Gobierno socialista cuando aprobó el Código de Buen Gobierno en 2005.
175 preguntas al día
Son cerca de cinco mil preguntas por mes (unas 175 por día), dirigidas a todos los ministerios. Pero el Gobierno tiene la obligación de contestar, y además en un plazo marcado por el Reglamento de la Cámara: veinte días, algo que casi nunca se cumple.
A menudo, las respuestas enviadas por el Gobierno son simples monosílabos: «No». Ésa es la contestación que recibió la diputada María Salom (PP) a una quincena de preguntas sobre si había secretarios de Estado viviendo en residencias a costa del erario público. O las explicaciones pedidas sobre un asunto de interés nacional se reducen a ocho o diez líneas, como ocurrió en la última contestación sobre los planes de Gibraltar de crecer en aguas españolas. Tampoco ha sido la primera vez que el Ejecutivo pide al diputado de turno que busque la información solicitada en internet.
Los diputados del Partido Popular ya se han cansado y han optado por dirigirse al presidente del Congreso. En concreto, la diputada Celinda Sánchez, apoyada por la dirección de su grupo, «solicita amparo para recibir respuesta a las 35 preguntas escritas formuladas al Gobierno». «No se me da contestación a las preguntas que formulo, remitiéndome el Ministerio para ello a la página web o a los Presupuestos Generales», se queja.
Otro grupo de diputados envió una protesta a Bono en la que acusaban al Gobierno de responderles con «desidia», por remitirles a páginas web en lugar de contestar las casi 2.000 preguntas que habían planteado sobre el mal funcionamiento de la Justicia.
En otras ocasiones, el Ministerio al que se interpela remite al Diario de Sesiones o bien envía una nota de prensa como respuesta. Magdalena Álvarez es experta en eso.