EL fondo de 8.000 millones de euros destinado por el Gobierno a financiar obras municipales no ha sido recibido por las empresas y los ayuntamientos con el optimismo que mostró Rodríguez Zapatero cuando lo anunció. Es evidente que una inyección económica de esa magnitud tendrá algunos efectos positivos en el saneamiento de las arcas municipales -porque no deja de ser una financiación encubierta de la deuda local- y quizá suavice mínimamente la segura caída del empleo en los próximos meses. Pero serán resultados efímeros, según las críticas del sector empresarial y de muchos ediles. Las razones son diversas, pero todas señalan a la precipitación con la que se elaboró la norma reguladora de este fondo para obra pública local, la brevedad del plazo para presentar los proyectos -plazo que venció ayer- y lo absurdo de obligar a las contratistas a emplear a parados aunque tengan empleados propios en activo. La ley fuerza, en este caso, a la trampa y lo previsible es que las empresas a las que se les adjudiquen los contratos despedirán a sus propios trabajadores para luego recontratarlos y cumplir así esta condición para participar en las obras financiadas con este fondo especial. De esta manera, los que ya están desempleados, seguirán estándolo y, además, habrá un circuito de entrada y salida de trabajadores de las empresas contratistas. El resultado será de suma cero y nuevamente se frustrará otra costosa iniciativa del Gobierno en la lucha contra el paro, aunque produzca un relanzamiento tímido y coyuntural del sector de la construcción, eso sí, sin continuidad ni efecto productivo a medio y largo plazo.

Las críticas al plan de obras públicas también se refieren a las consecuencias que ha tenido la brevedad del plazo para presentar los proyectos de obras. Por un lado, se ha producido una discriminación de hecho entre ayuntamientos y empresas grandes, y pequeñas. Por otro lado, la necesidad de recibir fondos ha empujado a presentar proyectos de dudosa necesidad, cuando no claramente extravagantes. Muchos también han sido elaborados con excesiva rapidez e incluso pueden carecer de especificaciones técnicas que luego desemboquen en auténticas chapuzas. No en vano, algunas pequeñas empresas se quejan de que las condiciones legales para optar a los fondos habilitados por el Gobierno premian indirectamente a las grandes constructoras, porque son las que, gracias a sus plantillas, han podido ir preparándose para los proyectos municipales que iban a optar al plan de financiación.

El escepticismo de empresas y ayuntamientos incluso parece haberse transmitido al propio Gobierno. Ahora reconoce que los primeros trimestres de este año serán muy difíciles. La peor conclusión es que el Gobierno socialista ha comprometido 8.000 millones de euros en un plan de reactivación improvisado, mal regulado y sin efectos duraderos. Su principal utilidad es meramente política, porque ha sido durante estas últimas semanas el gran argumento de Rodríguez Zapatero para capear el temporal del desempleo y poder decir que en marzo, cuando comiencen las obras financiadas por este fondo -y la temporada de elecciones-, se creará empleo, que el secretario de Estado de Economía se atrevió a cifrar en 250.000 personas. Vaticinio que, como tantos otros del presidente del Gobierno, lastra el crédito político del Ejecutivo y pone de manifiesto la falta de competencia de sus equipos para afrontar la crisis económica. El gasto público desmesurado que está provocando el Gobierno socialista es una coartada para esconder su responsabilidad por la crisis propia que sufre la economía española. Pretende anestesiar la reacción social ante el drama de más de ochocientas mil familias sin un solo miembro empleado y de una tasa de paro del 14 por ciento y con una tendencia de crecimiento imparable. Es, en definitiva, la demostración de que el PSOE ha elegido la vía del populismo económico, presentando el aumento constante del gasto público como una política social y solidaria, cuando la realidad es que es un dispendio que está quebrando los recursos del Estado, que ya no tiene margen, según el ministro de Economía, sin resultados ni expectativas que justifique su volumen e hipotecando la economía nacional a largo plazo con déficit y deuda pública.