«Todos los empresarios que conocemos son pesimistas con este plan. El Gobierno no son un grupo de amiguetes y esto es una medida que no han pensado y que no vale para nada». Con esta contundencia se expresa el dueño de una mediana empresa constructora de obra pública sobre el Fondo Estatal de Inversión Local de 8.000 millones de euros con los que el Gobierno pretende suavizar la caída del paro por el término de las obras de viviendas que se espera para este principio de año.

Y es que la percepción que de esta medida tienen los ayuntamientos, que son los encargados de aprobar los proyectos, y las empresas constructoras, que serán las encargadas de llevarlos a cabo, es bastante negativa.

El sentimiento general es de que existen importantes contradicciones entre lo que determina este decreto-ley y otras leyes, que los plazos que se han dejado para la presentación de proyectos son imposibles (acabó ayer desde el 10 de diciembre) y, en definitiva, que las cosas se han hecho «deprisa y corriendo» y la consecuencia es un plan que se va a desarrollar con mil y una irregularidades.

Falta de tiempo

En primer lugar, una gran parte de los proyectos de infraestructuras que se acometan serán totalmente innecesarios, ya que muchos ayuntamientos no quieren renunciar a la inyección de dinero de las arcas públicas y por ello están optando por cubrir el cupo del dinero que les corresponde (recordemos que son 180 euros por persona) en todo tipo de proyectos, no necesariamente imprescindibles, y muchos de ellos que llevaban en el cajón mucho tiempo sin comenzarse y que ahora han resurgido por la necesidad imperiosa de presentar rápidamente los trabajos.

Así lo considera Ángel Tendero, alcalde de la localidad de Madridejos (Toledo), del Partido Popular: «al Gobierno le han entrado las prisas por una cuestión política y en algunos casos habrá pueblos pequeños y sin servicios técnicos que no podrán presentar algunos proyectos. Otros, porque llega este dinero y hay que gastarlo como sea, acometerán obras innecesarias, aunque no es nuestro caso».

De la misma opinión es Pablo Sanz, gerente de la constructora de obra pública PSP,una pyme que realiza obras por toda la zona centro del país, y que por su tamaño y su actividad es un testigo inmejorable para ilustrar los fallos de esta medida: «el tope máximo para los proyectos es de cinco millones de euros sin IVA, pero un proyecto con ese presupuesto podría ser, por ejemplo, un hospital. ¿Quién cree que un arquitecto que se llame con ese nombre vaya a proyectar un hospital, o incluso otros proyectos más pequeños, en este tiempo?».

Y prosigue: «es como si te dan 20.000 euros y te dicen que tienes que gastarlos en una hora: pues te metes en el supermercado y vas cogiendo todo lo que te encuentres, lo necesites o no».

Además, la licitación de las obras debe producirse con un mes exacto desde que se aprueban los proyectos, un periodo que los ediles consultados creen insuficiente.

Carmen Díaz, alcaldesa de El Boalo (Madrid) por el PP, no quiere hablar mal del plan del Gobierno porque «tiene la voluntad de frenar el paro», pero sí reconoce que para algunos de los proyectos que ellos han presentado «hubiera sido aconsejable, por ejemplo, realizar un estudio geotécnico» que por falta de tiempo no han podido hacer.

Al final, el poco tiempo que van a tener los proyectos para hacerse y luego ejecutarse tendrá una consecuencia según Sanz: «muchos proyectos no tendrán calidad. Luego vendrán las rajas, los socavones y los problemas, como está ocurriendo con el AVE Madrid-Barcelona, que ahora no hace sino crear problemas y todo por urgencias políticas de acabar en un momento determinado».

La trampa del empleo

El segundo elemento clave, en el que coinciden todos los agentes implicados, es que la propia obligación de que las nuevas obras se comiencen con trabajadores venidos del paro va a hacer que muchos empresarios despidan a los trabajadores que tienen en plantilla para inmediatamente volverlos a contratar, haciendo buena la máxima que dice «hecha la ley, hecha la trampa».

«La ley no obliga a que los trabajadores contratados tengan que estar en el paro un tiempo determinado, y por ello la mayoría de las empresas va a actuar de esta manera», asegura Ángel Tendero, «con lo cual no se va a dar solución ninguna a gente con ciertas necesidades porque está en el paro, ya que más que crearse nuevos puestos de trabajo lo que se va a hacer es evitar que gente que iba a perder su empleo lo pierda por el momento».

Para el gerente de PSP, «que tengamos que contratar a gente del paro demuestra claramente que es una ley que han hecho dos amigos en un momento». ¿Y si yo tengo aquí a siete trabajadores parados y ya less conozco, voy a contratar a gente que no conozco y a echar a los míos, los que llevan trabajando años conmigo?».

Así las cosas, desde el mundo de la empresa se pronostica un repunte del paro desde este preciso momento hasta finales de febrero, por todos los trabajadores que van a ser despedidos para luego contratarse otra vez. La recuperación de los puestos de trabajo se dará de esta manera a finales de marzo o principios de abril, cuando deben de dar comienzo los proyectos. Para finales de año, cuando tienen que terminarse todos los proyectos (incluso los de mayor envergadura) se producirá otro repunte del paro en el sector constructor.

Favorece a los grandes

Otra de las características de este plan es que está concebido, sea de forma voluntaria o no, para que las grandes empresas de construcción salgan beneficiadas y se hagan con la gran mayoría de los proyectos (con todos los que les merezca la pena hacer).

El gerente de PSP comenta, por ejemplo, «que alguna empresa grande de la construcción, como Fomento de Construcciones y Contratas, ha movilizado a buena parte de su plantilla durante las navidades para realizar muchos proyectos de los que se van a hacer porque los ayuntamientos no tienen los técnicos suficientes para hacerlos. Son proyectos que no van a cobrar pero, claro, si al ayuntamiento le vienen con el proyecto ya hecho, ¿cómo no le va a caer la obra a FCC? Igual que Fomento digo Ferrovial, ACS, San José... todas las grandes están volcadas en los ayuntamientos que les interesan, pero para las pequeñas poquito».

De esta forma, las empresas más grandes y con mayores infraestructuras son las que más beneficiadas van a salir a la hora de adjudicarse las obras. En otros casos, los de empresas muy pequeñas que no dispongan de la certificación, quedarán fuera de poder optar a las obras. Esto va a ser muy grave sobre todo en pueblos pequeños, en los que las personas que toda la vida han trabajado en este tipo de obras o arreglos van a quedar fuera.

Así lo confirma Cándido, que lleva una pequeña empresa del sector: «nuestra empresa, que ocupa a 12 personas, tiene la preparación suficiente para hacer las obras, ya que llevamos veinte años trabajando en esto. Pero no tenemos la clasificación que exige la ley y por ello, o hacemos una UTE (Unión Temporal de Empresas)con una compañía que sí tenga la calificación, o nos quedaremos fuera». De esta forma, «tienen que venir empresas de fuera de nuestros pueblos en vez de dar trabajo a los del pueblo». Estos condicionantes al final beneficiarán a las grandes constructoras ya que, según otro constructor, «los Florentino, Baldomero Falcones o Del Pino son los que están comiendo todos los días con Zapatero».

Ayudas al sector primario

Juan Llorente, alcalde del municipio murciano de Moratalla por el Partido Socialista, aporta otra interesante visión: «bajo mi punto de vista el plan tenía que haber tenido en cuenta dos condiciones más: la superficie de los municipios y por tanto su dispersión de población, y también haber permitido que los trabajadores agrícolas pudieran acogerse también a las ayudas para sus actividades, para dar mejor servicio a municipios eminentemente agrícolas como el nuestro».

En cualquier caso, ninguna de las fuentes consultadas ya sea política o empresarial, considera que los 8.000 millones vayan a hacer mal para nuestra maltrecha economía. Pero el pensamiento generalizado es de que este mismo dinero podría haber rentado mucho más al país si se hubieran hecho otras medidas con más tiempo y más visión a largo plazo.

«Tenemos miedo a que se dispare la siniestralidad»

El problema de la seguridad es otra de los puntos flacos de este plan por un motivo evidente: la precipitación en la planificación y ejecución de los proyectos y las obras puede hacer que la seguridad pase a un segundo plano.

Así lo considera Carlos Martínez, director general del Instituto Madrileño de Formación: «Tenemos miedo de que pueda dispararse la siniestralidad en el sector de la construcción, porque al hacer las cosas rápidamente y en un plazo mucho más corto de lo que sería necesario, puede haber problemas». Además, hay que tener en cuenta que una de las cosas que priman en el desarrollo de los proyectos es que se hagan en el menor tiempo posible.

«La administración debería ser mucho más exigente, ya que para estos proyectos sólo va a importar el precio y el plazo, y no la seguridad», concluye Martínez, quien recordó que las jornadas excesivas o el abuso de la nocturnidad en el trabajo puede disparar los accidentes.

Las mancomunidades se quedan fuera

Las mancomunidades, agrupaciones de municipios que acometen medidas conjuntas, no han participado nada en el fondo. El decreto-ley les obliga a presentar proyectos conjuntos y «desglosar las cantidades que correspondan a cada municipio». Demasiadas exigencias para poco tiempo, que han llevado a que, hasta el pasado miércoles, a tan sólo una mancomunidad (de las más de 1.000 que existen en todo el país) le hubiera sido aceptado un proyecto. Una forma de desaprovechar la excelente acción que pueden hacer estás entidades jurídicas en temas como la gestión de los residuos o los abastecimientos de agua.