El juez investiga la conexión del alcalde de Pinto y el tránsfuga con Espacio del Motor
El auto plantea la posible existencia de una infracción penal por tráfico de influencias
El titular del juzgado de Instrucción número 7 de Parla considera que las características del llamado caso «Pinto» «hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Concretamente, el juez imputa a los protagonistas de la trama por tráfico de influencias. El alcalde pinteño, Juan José Martín (PSOE); el concejal de IU, Carlos Penit; y el tránsfuga de Juntos por Pinto Reyes Maestre tendrán que dar explicaciones en sede judicial el próximo 3 de febrero.
Pero el auto emitido el pasado día 15 y que se conoció ayer adelanta más diligencias judiciales. El instructor pide información sobre la vivienda de Reyes Maestre y que hoy es propiedad de Alfonso García Escribano, en la calle de Cádiz de Pinto. También quiere saber el juez en qué sociedades tiene cargo alguno este último. Y también solicita al PP de Pinto que aporte en el juzgado una copia del acuerdo entre el partido y Juntos por Pinto, en virtud del cual se rechazaba el proyecto urbanístico Espacio del Motor, sobre el que Maestre, posteriormente, ha emitido su voto favorable.
Este último dato es de vital importancia en el caso, pues la demanda interpuesta por los populares tenía como base, entre otras, las sospechas sobre esta operación urbanística, que, como ya adelantó ABC, podría generar unas plusvalías de 550 millones de euros. La cuestión es que, cuando la anterior corporación socialista, la que encabezó el polémico Antonio Fernández, impulsó el Espacio del Motor, Reyes Maestre mostró su oposición. Incluso firmó un pacto con el posterior Gobierno municipal del PP en 2007 para que la iniciativa -que prevé la construcción de 7.500 viviendas y un circuito de velocidad tras la recalificación de 5 millones de metros cuadrados, según los populares- no prosperara durante este mandato municipal (2007-2111).
Moción de censura
La trama de Pinto tuvo su momento político más relevante el pasado 22 de diciembre, cuando los imputados firmaron la moción de censura contra la hasta entonces alcaldesa, Míriam Rabaneda (PP), tuvo que ceder el Gobierno municipal al tripartito PSOE-IU-JpP. La paralización del Espacio del Motor por parte del PP cuando llegó a la Alcaldía desembocó en la moción de censura.
El juez también quiere que la Fundación Pinares certifique si los dueños de la promotora del Espacio del Motor, MotorDraft, han realizado pagos «directa o indirectamente».
Antes de la moción de censura, una empresa vinculada a los promotores compró, presuntamente, la vivienda de Maestre en Pinto: es decir, que se habría librado de su hipoteca y pagó una parte de su vivienda de 365 metros en Illescas (Toledo).
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