Mariano Rajoy ha ordenado una investigación interna al objeto de depurar, llegado el caso, responsabilidades políticas por el caso del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid. El PP hizo público ayer un comunicado después de que la dirección nacional entendiera que no era posible seguir manteniendo silencio sobre un asunto que, por lo pronto, afecta a tres dirigentes del partido, objeto de esas presuntas labores de espionaje, y pone en jaque tanto al Gobierno madrileño como a la dirección regional del partido, al tiempo que salpica a Génova.

El líder del PP ha encargado a su «número dos», María Dolores de Cospedal, que «recabe toda la información necesaria a fin de aclarar hasta sus últimos extremos lo ocurrido y adoptar, en su caso, las medidas pertinentes», según reza un texto en el que no se omiten referencias a posibles responsabilidades políticas.

La investigación abierta sería el paso previo a la intervención del Comité de Derechos y Garantías y, por tanto, a la apertura de un expediente, a la suspensión de militancia o a la expulsión, según admitieron distintas fuentes populares, que no dudan en hablar de la «ejemplaridad» de los pasos iniciados ayer por el líder del PP. Uno de los interlocutores de ABC no pudo ser más claro: «Hay que limpiar el buen nombre del PP y no nos vamos a cortar un pelo».

Cospedal habló ayer ya con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el actual responsable del PP en el Exterior, Alfredo Prada, uno de los supuestamente espiados. También lo hará con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; con el consejero de Justicia e Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y con el vicealcalde, Manuel Cobo y, en definitiva, con todos los aludidos en la trama. Pero el PP tampoco esperará al producto de esta investigación en caso de que aparezcan evidencias incontestables, ya que actuaría de inmediato.

«Tocando de oído»

Sin embargo en Génova también admiten que «estamos tocando de oído», primero porque las informaciones tienen origen periodístico y, segundo, porque la presidenta de la Comunidad ha negado en sus conversaciones con Rajoy y con otros dirigentes de Génova con los que habló ayer a lo largo del día la veracidad de las mismas.

Así, el PP dice que, de confirmarse las informaciones en torno a la red de espionaje, «nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen». Pero esta última matización no pretende diluir responsabilidades porque, a continuación, la nota añade que «la práctica de escuchas o seguimientos ilegales repugnan al Partido Popular y a su presidente, como ha quedado acreditado en su larga trayectoria pública».

Los hechos publicados y categóricamente negados por esperanza Aguirre, darían lugar, de ser verdad, a responsabilidades en el ámbito de la Justicia «de la que instamos una actuación inmediata», exhorta Génova, pero «igualmente, se derivarían, en su caso, responsabilidades de carácter estrictamente político, que el PP exigiría con absoluta firmeza y determinación».

¿Cuál es el margen de maniobra de Rajoy? Ninguno en lo que afecta al Gobierno regional, pero sí en lo que respecta a la dirección madrileña del partido, puntualizan distintas fuentes consultadas. El presidente del PP, a decir de muchos de los que ayer hablaron con él, «está indignado y desconcertado» y hay voces en Génova que creen que Aguirre ya debería haber acudido a los tribunales.

Aguirre respalda

La presidenta regional, que ayer no acudió a la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad, sí se refirió por la tarde a esta posibilidad al avisar con llevar a los tribunales a aquellos que sigan acusando «sin pruebas al Gobierno regional» de estar detrás de la red; esta advertencia se la hizo extensiva a su compañero de partido, el alcalde de Madrid, Alberto ruiz-Gallardón. «El alcalde de Madrid o cualesquiera otra persona que dé por buena la información que publica «El País» tendrá que probarlo, que demostrarlo, que rectificar, y si no tendrán que vernos en los Tribunales». informa Efe.

Aguirre insistió en que «el que tenga pruebas que las ponga sobre la mesa, que ponga en conocimiento de los jueces y de la Fiscalía toda la documentación que pueda sostener o acreditar que aquí -en la Comunidad de Madrid- se ha montando algo parecido a un servicio de espionaje y si no se presentan estas pruebas, tendrán que vérselas con el Gobierno regional en los Tribunales».

Sin embargo, también dijo que si se demuestra que «alguna persona en la Comunidad ha participado en espionajes, seguimientos o lo que sea, desde luego, inmediatamente será, al nivel que tenga, expulsado», pero pone «la mano en el fuego» por todos sus consejeros y se considera la primera perjudicada por esta trama. Habrá ocasión además de escucharla en un acto público del partido el sábado durante la apertura del I Foro Abierto de Militantes del PP .

Para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el tema es «muy serio», exigió rigor y dijo lamentar que haya políticos, -en referencia al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons-, que intenten «hacer chistes malos». Según el jefe del Ejecutivo la dirección popular va de «asombro en asombro», pero dijo que «Génova sabe a dónde tiene que mirar para buscar responsabilidades», según informa Gabriel Sanz.