Madrid, Barcelona y Sevilla lideran el pulso a Bermejo e irán a la huelga en febrero
La mayoría de los jueces posponen el paro hasta junio pero todos suscriben las exigencias al Gobierno
La carrera judicial lanzó ayer un mensaje claro al Gobierno: el anuncio de huelga, se convoque el 18 de febrero (como hicieron en octubre Extremadura y Murcia y a las que después se sumó Zamora) o el 26 de junio (como propusieron las asociaciones), no es un simple órdago sino una advertencia clara de que su paciencia ha llegado al límite. Es un ultimátum. Si algo ha quedado claro tras la celebración de las juntas y plenos en toda España es que si el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no lleva a la reunión del próximo lunes con los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente propuestas concretas y sus correspondientes plazos de ejecución y partidas presupuestarias, los jueces pararán la Administración de Justicia. De producirse, será un acontecimiento histórico sin precedentes en treinta años de democracia.
26 de enero, día clave
Apoyen la huelga el 18-F o la aplacen hasta el 26-J, la mayoría de los miembros del Poder Judicial cree que esa es, a estas alturas, la única posibilidad que les queda para forzar al Gobierno a resolver las carencias de un sistema obsoleto. Pero siempre, incluso en el caso de los más beligerantes -entre los que destacan los jueces de Madrid, Barcelona y Sevilla por la importancia de estos partidos judiciales-, queda supeditada a los pasos que el Ejecutivo se muestre dispuesto a dar. De hecho, en la mayoría de las juntas que han votado parar en febrero, la convocatoria formal de la huelga se deja para después del 26 de enero, día en el que está previsto el encuentro entre Bermejo y los representantes de las asociaciones. Esa reunión será clave para ver si el Ejecutivo tiene un plan para modernizar la Justicia o si «sólo vende humo».
La opción más votada ha sido la de dar un margen de maniobra más amplio al Gobierno y posponer la huelga hasta junio. Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que la adhesión a la convocatoria del 18-F ha superado las expectativas. Si estaba claro que el documento de las asociaciones judiciales iba a conseguir el respaldo unánime de la carrera, como así ha sido, los promotores de la huelga (Extremadura, Murcia y Zamora) no estaban tan seguros de conseguir arrastrar a sus compañeros a fijar el paro antes del 26 de junio.
Sin embargo, se han unido a su llamamiento (en esos tres territorios se ha confirmado la fecha del 18-F) los jueces de capitales como Madrid (el partido judicial más castigado de España) y Sevilla; los de la Comunidad de Castilla-La Mancha; los de las provincias de Barcelona, Granada, Almería, Castellón, Soria, Gerona, Lugo, Tarragona, y Málaga; los de Ibiza y Tenerife y los de ciudades como Huesca, Béjar, Coslada o Getafe. A ellos, todos jueces de órganos unipersonales, se han sumado los magistrados de una audiencia provincial, la de Málaga. Los jueces de Córdoba, Palencia y Valencia, acordaron en sus respectivas juntas provinciales posponer cualquier decisión sobre la huelga a fechas posteriores a la reunión de las asociaciones con Bermejo.
«En el tejado de Bermejo»
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -el órgano de gobierno de los jueces eludió hacer una valoración oficial ayer y se pronunciará hoy- creen que la carrera judicial ha mostrado su «generosidad» a Bermejo y «ha dado un voto de confianza al diálogo». De ahí la gran trascendencia que adquiere el encuentro del próximo lunes, al que los medios citados esperan que el ministro acuda personalmente (el titular del Departamento no estuvo en la reunión de la comisión mixta Justicia-CGPJ). «La pelota está en el tejado de Bermejo y -advierten-, si de verdad quiere evitar la huelga, debe llevar una propuesta concreta, con fechas y presupuesto, y dejar de insultar y provocar a los jueces cada vez que hace declaraciones a los medios de comunicación».
En consonancia con ese tipo de declaraciones, el portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia, consideró ayer un «chantaje» la convocatoria de huelga.
En numerosos territorios, al margen de la decisión sobre la fecha de las movilizaciones, los jueces hacen suyas todas y cada una de las reivindicaciones de las asociaciones [ver recuadro adjunto] e incluso añaden puntos propios. Así, los magistrados de la Audiencia de Málaga exigen «el cese de las injerencias y ofensas de los demás Poderes del Estado».
El problema no es el sueldo
Murcia y Castilla-La Mancha por ejemplo, recuerdan que en su tabla de reclamaciones no figuran los salarios, asunto al que, sin embargo, alude una y otra vez el ministro como si fuera la única exigencia de los jueces. El problema son las «carencias» de la Administración de Justicia.
En Madrid -cuyo abrumador apoyo a la huelga tiene una indudable carga simbólica por cuanto los jueces de Plaza de Castilla han encabezado en muchas ocasiones las quejas de la carrera-, se considera «innegociable» que los miembros del Poder Judicial pierdan la capacidad de elaborar la agenda de señalamientos, como establece el proyecto de reforma de las leyes procesales remitido recientemente por el Gobierno al Parlamento. También exigen que en un plazo de cinco años haya 1.200 jueces más y que se invierta en Justicia un 3,5% del PIB.
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