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Actualizado Jueves, 22-01-09 a las 17:07
Tras los últimas críticas hacia el Ministerio de Igualdad por la poca fiabilidad de los dispositivos de localización de maltratadores, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció que el Gobierno invertirá alrededor de 5 millones de euros en la adquisición e implantación de estas pulseras, con el fin de que estén disponibles en abril en todo el territorio.

No ha sido el único anuncio de la titular de Igualdad, quien ofreció hoy a las comunidades autónomas una aportación mínima de 200.000 euros para que refuercen los programas de asistencia dirigidos a mujeres inmigrantes y niños víctimas de la violencia de género. La partida se ampliará en función de la población de extranjeras y menores de edad que tenga cada una de las regiones, una decisión que no ha convencido a las comunidades del PP quienes exigieron a la titular de Igualdad que tenga "el mismo trato" hacia las víctimas independientemente de la nacionalidad.
Los programas de asistencia a los grupos más afectados por al violencia de género, mujeres inmigrantes y menores, es uno de los compromisos alcanzados durante la II Conferencia Sectorial de Igualdad, un encuentro entre las autonomías y el Gobierno que giró entorno a tres ejes: el análisis del futuro dispositivo electrónico de localización para maltratadores; el fondo asistencial para las extranjeras y los menores y los criterios sobre los programas de reeducación para los mismos.
En cuanto al primer tema, los dispositivos electrónicos de localización de maltratadores, Aído afirmó que "ya se han iniciado los trámites administrativos para la contratación de este servicio" y "se está elaborando un plan de trabajo" con los ministerios de Justicia e Interior para estableces un protocolo de implantación, a fin de que "en el mes de abril" puedan estar "accesibles en todo el territorio". Según explicó, el Gobierno destinará cinco millones de euros para la adquisición e implantación de estos sistemas que "se dispondrán en los casos de mayor riesgo". En este sentido, quiso aclarar que esta pulsera se utilizará siempre "como un elemento complementario a las medidas de protección existentes y se garantizarán en todo el territorio". Será el juez quien decida a qué agresor se impone un localizador.
Del mismo la ministra informó de las ayudas de 200.000 euros destinadas a las autonomías con el fin de a crear de un fondo asistencial para la asistencia social integral de los "colectivos más vulnerables" ante la violencia de género, según Aído, los menores y las mujeres inmigrantes. Esta iniciativa, que fue aprobada con 9 abstenciones, 8 votos a favor y 2 en contra, se adopta en el marco de la aprobación, el pasado 9 de enero, de un Plan Integral para la protección de mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género que cuenta con una memoria económica de 13 millones de euros y la participación de distintos ministerios, conforme explicó la ministra.
El reparto por autonomías se realizará según la población de de mujeres inmigrantes de cada región. En este sentido, las comunidades del PP trasladaron a Aído, su descontento con los criterios del reparto exigiendo así "el mismo trato" a todas las personas independientemente de su nacionalidad. De esta forma se pronunciaron los consejeros del ramo de Castilla y León, Valencia y Madrid, quienes apuntaron que "la atención integral debe ser de igual acceso a todas las víctimas de violencia de género", por lo que, tal y como señaló la consejera valenciana, Paula Sánchez de León, piden un reparto más coherente, como por ejemplo, que se realice en función al número de mujeres víctimas de violencia de género en cada comunidad y no al número de mujeres inmigrantes.
Reeducación del maltratadorPor otra parte, la ministra trasladó su intención de abordar con los responsables autonómicos la "importante dispersión" que según dijo existe en la aplicación de los programas de reeducación para maltratadores por los que deberían pasar todos aquellos condenados por delitos de violencia de género que no ingresaran en prisión conforme la Ley Integral. La intención del ministerio es "crear un grupo de trabajo compuesto por especialistas en la materia para establecer esos criterios comunes y homologados de calidad", según explicó la ministra. Dichos criterios serán puestos a disposición de las autonomías e "incluso les plantearemos la posibilidad de cofinanciar estos programas", añadió.
Estos programas de reeducación deberán perseguir un doble objetivo, ya que, en palabras de Aído, se trata "por un lado, de intentar modificar las referencias culturales que llevan al maltratador a entender que la violencia de género es una forma adecuada para afrontar los problemas de pareja y por otro, hacer un seguimiento directo de la evolución del riesgo tras la denuncia y la puesta en marcha de las medidas judiciales".
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