El PP anuncia que si se confirma el espionaje que investiga la Fiscalía exigirá responsabilidades políticas

En un comunicado, la dirección del PP ha instado a la Justicia a que abra una investigación inmediata para depurar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la supuesta trama y ha prometido también exigir "con absoluta firmeza y determinación" las responsabilidades políticas que haya. Dice sentir "repugnancia" ante la práctica de escuchas o seguimientos ilegales "con fines desconocidos" a dirigentes del partido y añade que, de confirmarse las informaciones difundidas, admite que se trataría de "unos hechos gravísimos" y de "unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen".

Unos hechos que darían lugar a responsabilidades en el ámbito de la Justicia y de los que también se derivarían "responsabilidades de carácter estrictamente político", que el Partido Popular exigiría "con absoluta firmeza y determinación". Por este motivo, y "desde el respeto a la presunción de inocencia y en aras de la ejemplaridad que debe presidir la vida pública", Rajoy ha dado instrucciones a la Secretaría General del PP para que recabe toda la información necesaria con el fin de aclarar "hasta sus últimos extremos lo ocurrido" y adoptar, en su caso, las medidas pertinentes.

Tras el comunicado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que pone "la mano en el fuego" por todos sus consejeros y ha considerado que es "la principal perjudicada" por la supuesta trama de espionaje a políticos de la región y, por ello, la primera que quiere que se esclarezca.

En una comparecencia ante los medios previa al acto de entrega de los XVIII Premios AEDME, Aguirre ha subrayado que el Gobierno que preside "nada tiene que ver con estas imputaciones gravísimas y es el primero que quiere que se esclarezcan". "Aquí -ha añadido- no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada que se le parezca y quién diga lo contrario tendrá que probarlo y, si no lo acredita, tendrá que rectificar". Si no, "nos veremos en los tribunales", una advertencia que hacía extensiva al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

No obstante, la presidenta madrileña se ha comprometido a que "si hay una sola persona en la Comunidad de Madrid de la que se demuestre que ha participado en espionajes o seguimiento será expulsado". Además, ha recordado que no es al Ejecutivo regional a quien corresponde investigar esta presunta trama porque "aquí se imputan delitos penales y eso corresponde a los jueces y a la Fiscalía investigarlo". Aunque poco después apuntaba que le "parecen bien" todos los comunicados del PP, con esa afirmación se puede interpretar una critica velada a la orden de Rajoy de abrir una investigación interna.

Este supuesto espionaje a políticos regionales ha desatado nuevamente los roces entre la Comunidad y el Ayuntamiento. El vicepresidente primero y portavoz, Ignacio González, también ha reclamado al alcalde que demuestre que realmente existe esa trama o que rectifique sus declaraciones en las que implica al Ejecutivo autonómico en la red.

"Salvo que alguien tenga una prueba fehaciente que acredite la existencia de una trama de espionaje, de un servicio de espionaje o cualquier otra circunstancia, no se puede hacer ninguna afirmación en el sentido de la que hizo el alcalde y si se ha hecho, que rectifique", ha explicado González en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El vicepresidente ha apuntado que cuando al Gobierno regional se les hagan imputaciones falsas, la Administración autonómica actuará en derecho como corresponda y se dirigirá al juez.

Respondía así a las declaraciones de Gallardón, que en la comparecencia posterior a la Junta de Gobierno había asegurado que la unidad de espionaje que presuntamente ha realizado informes sobre el vicealcalde, Manuel Cobo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el ex consejero Alfredo Prada, según informa El País, sí está dentro del Ejecutivo autonómico, aunque rechazaba establecer responsabilidades políticas en este momento.

"Leyendo los informes de El País se llega a dos conclusiones: o son falsos o, si son auténticos, los autores de los informes mismos se confiesan parte integrante de una unidad perteneciente a la Comunidad, e identifican como elementos y espacios suyos a las personas y sedes de las distintas direcciones generales", expresaba el primer edil.

Muy poco después, el consejero de Presidencia, Francisco Granados, también ha emplazado "a todas las personas, instituciones y medios de comunicación a que pongan inmediatamente en conocimiento de la Justicia todas las pruebas y documentos que acrediten lo que nosotros calificamos como la gran mentira de una trama de espionaje".

Granados ha explicado la composición de la Dirección General de Seguridad y Política Interior de la Comunidad de Madrid, y ha asegurado que "su función es única y exclusivamente la seguridad en edificios e instituciones y de personalidades de la Comunidad". El consejero ha insistido en que el Gobierno regional "no tiene que demostrar" que no hay una trama de espionaje, "sino que son otros los que tienen que demostrar esas acciones delictivas y ponerlas en conocimiento de los Juzgados".

El comunicado emitido esta tarde por el PP fija la postura oficial del partido tras varios días de declaraciones con las que se ha intentado desviar la atención. Primero fue la propia presidenta regional de Madrid la que negó los seguimeintos y acusó a quienes los habían difundido de inventarse una cortina de humo para ocultar la crisis económica.

Hoy mismo, el vicesecretario general de comunicación del PP, Esteban González Pons, instaba al Ministerio de Interior a dar explicaciones porque, a su entender, alguna información que aparece en los dossieres no se puede conseguir "sin la connivencia" del departamento que controla Alfredo Pérez Rubalcaba, como es la identificación de personas o matrículas de coche.

En declaraciones a TVE, González Pons planteaba que "a lo mejor" quien está detrás de esta investigación "no necesariamente tiene que ser" parte del Partido Popular y exigía que se aclare este asunto "con total claridad y con la misma contundencia que si hubiera ocurriendo en una comunidad autónoma no gobernada" por la formación 'popular'.