Los jueces redoblan su pulso al Gobierno con la amenaza de una huelga histórica
La carrera judicial ha lanzado un mensaje claro al Gobierno: el anuncio de huelga, se convoque el 18 de febrero o el 26 de junio, no es un simple órdago sino una advertencia clara de que su paciencia ha llegado al límite. Es un ultimátum. Si algo ha quedado claro tras la celebración de las juntas y plenos en toda España es que si el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no lleva a la reunión del próximo lunes con las cuatro asociaciones propuestas concretas y sus correspondientes plazos de ejecución, los jueces pararán la Administración de Justicia. Será un acontecimiento histórico sin precedentes en treinta años de democracia. Los jueces de Madrid han acordado hoy secundar esa jornada de huelga histórica el próximo 18 de febrero para denunciar la situación de colapso que afronta la Justicia madrileña.
La propuesta ha salido adelante por "amplia mayoría" en la votación que se realizó en la junta de jueces que contó con una gran afluencia de magistrados. La votación fue de 103 votos a favor, 18 en contra y 3 en blanco.
De este modo, los jueces de Madrid se distancian de la propuesta de las asociaciones judiciales que optaban por los paros. No obstante, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, subrayó que la jornada está a expensas del resultado de la reunión que se celebrará el próximo lunes entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia para analizar las reivindicaciones. Los jueces de Madrid se unen, de este modo, a la posición defendida en las juntas de jueces de Murcia, Extremadura y Zamora, que secundarán el paro el próximo 18 de febrero. La mayoría de las juntas de jueces celebradas esta mañana se han inclinado por posponer a junio la huelga de toda la jornada, como habían propuesto las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente-, que consensuaron un documento reivindicativo en el que defienden la adecuación de la planta judicial a la carga de trabajo, un aumento de la inversión en Justicia y la atribución a los jueces del control en los señalamientos de los juicios. Así lo han decidido las juntas de la Audiencia de Barcelona y la Comunidad Valenciana, entre otras, que han acordado apoyar el plan de movilizaciones que acuerden las cuatro asociaciones de jueces para los próximos meses, en función del curso que adquieran las negociaciones con el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo.
De los 78 magistrados que componen la Audiencia de Barcelona, 25 han acudido esta mañana a la reunión de la Junta, en la que veinte han votado a favor de que las asociaciones de jueces guíen el proceso de negociación y las movilizaciones que se consideren oportunas, mientras que cuatro se han abstenido y uno ha votado en contra, según ha indicado el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Gimeno.
Gimeno, que también es portavoz de Jueces por la Democracia, ha recordado que, de acuerdo con el plan inicialmente establecido por las cuatro asociaciones españolas de jueces, el próximo 18 de febrero se celebraría un paro de diez minutos en los juzgados de todas las capitales de España y, si el Ministerio no atiende sus reivindicaciones, se convocaría una jornada de huelga para el próximo mes de junio.
Paro generalizado de diez minutos
Por comunidades, los jueces riojanos han decidido, en asamblea, adherirse también a las reivindicaciones de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) y los Jueces Decanos, pero no a la huelga íntegra de todo el día que sí harán los jueces de Murcia, Extremadura, Zamora y Madrid. En Murcia, no obstante, los jueces volverán a reunirse el 28 de enero para analizar la posibilidad de desconvocar la protesta, en función del resultado que se extraiga del primer contacto entre las asociaciones y el Ministerio de Justicia.
En las juntas celebradas esta mañana en la Audiencia de Asturias, según han confirmado fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha votado a favor de que sean las asociaciones de jueces las que guíen el proceso de negociación y las movilizaciones, y han rechazado convocar una huelga el 18 de febrero.
Ésa ha sido también la decisión de las juntas de jueces de Baleares, Albacete, Gerona, Zaragoza o Ciudad Real, donde se ha acordado suscribir el "documento reivindicativo" de las asociaciones, aunque sin descartar la posibilidad de convocar la huelga el 26 de junio. En Soria y Castellón, se ha decidido también secundar la huelga del 18 de febrero.
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