El vertedero de basuras de Andilla, una pequeña localidad de la serranía de Valencia, estaba bajo sospecha desde hacía varios meses; un juez lo investiga desde principios de enero; antes, lo había hecho la Fiscalía, que interpuso una denuncia porque el depósito de residuos era ilegal. La visita, el pasado lunes, de los agentes del Seprona de la Guardia Civil y del perito ecotoxicólogo, enviados al lugar para comprobar la toxicidad de los vertidos, disparó todas las alarmas.

Allí, a las afueras de este pueblo situado a 70 kilómetros de Valencia, en un foso de más de 25 metros de profundidad, entre escombros, basuras domésticas, colchones y muebles y electrodomésticos viejos, los agentes hallaron varios detectores de humo con material radiactivo entre sus componentes.

«Eran muchos», señalan fuentes de la investigación, que no pudieron precisar cuántos. Se trata de detectores de humo por ionización, que tienen, entre sus componentes, un ínfima cantidad de americio-241, un isótopo radiactivo. En grandes cantidades, el americio altera el material genético de las células óseas y puede producir cáncer de huesos.

Estas alarmas antiincendios, cuyo principio de funcionamiento es la radiactividad, son más baratas que las fotoeléctricas, lo que explica su proliferación en el mercado. Requieren de una tratamiento especializado por el riesgo de contaminación inherente a su toxicidad.

Precintado

Tras el hallazgo, la Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Alertado del incidente, el Consejo de Seguridad Nuclear «siguió el protocolo habitual en estos casos», que incluye la comunicación al Ministerio de Industria. Desde el Consejo de Seguridad Nuclear se insiste en que «no existe ningún riesgo» para la población ni para el medio ambiente por la escasa carga radiactiva que contiene cada uno de los aparatos.

No obstante, el vertedero, situado en la partida «Pozancos», ha sido clausurado a la espera de que Enresa, la única empresa autorizada, proceda a la retirada de los residuos radiactivos. Fuentes de la investigación señalan que la «pastilla» radiactiva de los detectores de humo ionizantes tiene una «camisa de plomo». El riesgo de contaminación se dispara cuando esa protección se rompe, opción más que probable en un vertedero con un trasiego constante de camiones.

La Fiscalía ha pedido que un forense ecotoxicólogo mida las radiaciones y que su informe se incorpore a las diligencias penales abiertas con anterioridad en un juzgado de Llíria por este vertedero.

La investigación de la Fiscalía al vertedero de Andilla se inició en junio del pasado año tras recibir una denuncia de la Guardia Civil. La burocracia hizo que el plazo de prescripción se echara encima. El Ministerio Público se vio obligado a remitir in extremis los hechos al juzgado antes de que llegara el informe forense que sirviera de soporte a su denuncia.

El vertedero está ubicado en una parcela de propiedad privada. No cuenta con las autorizaciones pertinentes. La investigación judicial repartirá responsabilidades entre el titular del terreno, el autor de los vertidos o, incluso, el Consistorio.

El Código Penal prevé penas que oscilan entre los cinco y siete meses de prisión para quienes estableciesen depósitos de desechos tóxicos o peligrosos. Existe un tipo agravado para el caso de las radiaciones ionizantes, castigado con entre dos y cuatro años de cárcel. Pero su aplicación precisa que se haya causado daño a la salud y que el autor de los vertidos supiera de la toxicidad de los mismos.