Lunes, 19-01-09
IVA ANGUERA DE SOJO
BARCELONA. El 8 de noviembre de 1973, Francisco Hoerner presentó ante la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental una solicitud para abrir un pozo en el término municipal de Sant Celoni (Barcelona). El pasado 20 de octubre de 2008, su hijo recibió una notificación de la Agencia Catalana del Agua en la que se da por sentado que el interesado ha «desistido» de su intención y se le advierte de que, en caso contrario, debe notificar a la Administración la apertura de un pozo de aguas que, en caso contrario, estaría fuera de la ley y sujeto a la correspondiente multa administrativa.
Treinta y cinco años y tres administraciones diferentes -la administración franquista en un principio, la estatal desde 1979 hasta 1985, y la autonómica a partir de ese año- median entre uno y otro documento.
En un ataque de celo profesional sin precedentes en la administración pública -por lo menos la española- la Agencia Catalana del Agua (ACA) se ha decidido a dar respuesta a todos los expedientes históricos heredados. Y no de hace un año, o cinco. Sino de los expedientes con más de 30 años de antiguedad heredados del franquismo.
Eliminar papeleo
Aseguran que no se trata de una campaña de identificación de pozos recuperables emprendida en plena crisis de la sequía en Cataluña, como sería de esperar. Ni siquiera se trata del siempre mal ponderado afán recaudatorio de las administraciones. Simplemente, querían dar carpetazo al papeleo acumulado. Según el responsable de prensa del ACA, la agencia «está impulsando la revisión y actualización de los archivos y expedientes históricos que están en su poder, con la intención de actualizar su contenido y cerrar definitivamente, si corresponde, aquellos que no tengan vigencia a fecha de hoy».
Y parece claro que en la administración de aguas catalana, antes y ahora, los expedientes pueden paralizarse, pero no se tira nada. Así que la petición de apertura de un pozo formalizada en 1973 y paralizada en enero de 1975, seguía esperando su momento, que al final llegó. Al parecer, y siempre según los datos del ACA, el citado expediente «quedó bloqueado» en 1975 tras emitirse el informe técnico correspondiente. Y nadie volvió a ocuparse de él hasta junio de 2007, cuando la Agencia recuperó la carpeta y remitió una carta al peticionario para recordarle la existencia del expediente.
Farmawick S.A. la sociedad propietaria de los terrenos en los que en su momento se planteó la apertura de un pozo, ya hacía años que había vendido los terrenos tras desistir en su búsqueda de recursos hídricos. Pero no así la Administración catalana, que pese a no obtener respuesta de su primera notificación, volvió a dirigirse al interesado para que «aportara datos complementarios en los términos previstos por el artículo 71 de la Ley de regimen jurídico de las Administraciones públicas».
Visto que el interesado no se daba por aludido -algo bastante lógico por otro lado, puesto que ya no era propietario de los terrenos ni del proyecto de pozo, como consta en los registros de la propiedad correspondientes- la administración autonómica optó por resolver el expediente, dando por desistida la petición.
Eso sí, recuerda que «en caso de que pretenda explotar» el pozo «declarado en su solicitud pida y obtenga previamente la correspondiente concesión de aguas públicas». Y le advirte de que «la captación de aguas superficiales, sense la preceptiva concesión administrativa, es considerada una infracción administrativa». Ahí es nada con la memoria histórica versión papeleo administrativo.