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Viernes, 16-01-09
EVARISTO AMADO
SANTIAGO. La Consellería de Educación ha comunicado a dos nuevas familias gallegas su rechazo a la petición de que escolares castellanohablantes puedan expresarse y utilizar material en este idioma en las asignaturas que sus centros deben impartir en gallego a raíz del decreto 124/2007, que establece un mínimo de 50 por ciento de asignaturas en esta última lengua en la educación.
Los progenitores pidieron a la Inspección Educativa que se respetase, a título individual, la condición de castellanohablantes de los alumnos en cuestión, sin interferir en la marcha prevista de los cursos. La propuesta afectaría a los materiales, intervenciones y pruebas. La cascada de notificaciones contrarias a la petición de los padres no ha hecho más que empezar, tras conocerse el primer caso de una alumna en el instituto Crucero Baleares de Culleredo (La Coruña).
Fueron más de 2.000 los progenitores que enviaron su solicitud en el inicio del curso acogiéndose a las pronunciaciones y recomendaciones de instituciones como la Unesco y decisiones como la del delegado de Educación en Galicia, que en noviembre explicaba a raíz de un caso en la villa de Pontedeume (La Coruña) que «no se le deberá poner impedimento para que los hijos del denunciante, como a cualquier otro alumno, empleen las dos lenguas oficiales de Galicia como lenguas de expresión». La única excepción a la norma general que interpuso el delegado fue la obligación de utilizar el gallego -o castellano, en su caso- en asignaturas de Lengua y Literatura.
Los afectados que ya han recibido la respuesta negativa de Educación a sus requerimientos preparan ya su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, instancia a la que la Xunta se remite para interponer un recurso a su resolución.
La decisión de la Xunta niega a los interesados una interpretación laxa del decreto que impone un 50 por ciento de horas lectivas en gallego. En éste, se establece que, «con carácter general», «en las áreas, materiales o módulos impartidos en lengua gallega el alumnado utilizará el gallego en las manifestaciones oral y escrita». Asociaciones como Galicia Bilingüe consideran abusiva esta visión de la normativa.
Irregularidad administrativa
Los afectados por la previsible oleada de negativas se quejan además de que la Consellería de Educación -la resolución está firmada por el secretario xeral, Benito Fernández- no ha permitido a la Inspección Educativa resolver las solicitudes de las familias.
«Suponemos que en la Inspección ha habido gente que se ha opuesto y gente que no; directamente, ha sido Educación la que se ha pronunciado al respecto», explican desde Galicia Bilingüe, que consideran que así se les impide ejercer el derecho al recurso de alzada -por vía administrativa, y no judicial-. De hecho, la comunicación de Educación explicita claramente que la notificación «pone fin a la vía administrativa». Desde la Inspección también se había dado pie con anterioridad al uso libre del castellano en las aulas.
Otra de las irregularidades que contempla la asociación que engloba a los afectados es la falta de un régimen sancionador que regule las desviaciones de la doctrina establecida por la Xunta. ¿Qué pasaría si un alumno, pese a lo establecido por la Administración, decide utilizar una lengua oficial distinta a la estipulada, fuese el castellano o el gallego? Al hilo de esta cuestión, Galicia Bilingüe se pregunta «en qué conducta sancionable se va a encuadrar el hecho de que se emplee una lengua oficial en una actividad académica».
«Amedrentar a los padres»
«Esperamos que los padres no se amedrenten tras conocer la decisión de Educación», explicaba ayer Gloria Lago, presidenta y portavoz de Galicia Bilingüe, tras constatarse nuevos casos de resoluciones en contra. Para Lago, lo peor será que «los profesores de tendencia nacionalista van a crecerse con todo lo que está pasando». Su temor es que se imponga la visión de que la obligación de expresarse en un determinado idioma en el aula es «normal».
ABC
La conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón
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