Los padres de los alumnos que han decidido que sus hijos objeten a la asignatura de Educación para la Ciudadanía recurrirán al Tribunal Constitucional si el Supremo no les da la razón. Así lo han afirmado, en una rueda de prensa hoy en Madrid los portavoces de algunas de las plataformas que integran el movimiento ciudadano que se opone a la asignatura implantada por el Gobierno del PSOE.

Está previsto que el próximo día 26, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la de lo Contencioso Administrativo resuelva los recursos interpuestos contra algunas de las resoluciones dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas, donde los padres han solicitado a los tribunales que amparen su derecho a la objeción de conciencia. La postura que adopte el alto tribunal será clave porque, según ha explicado Benigno Blanco, portavoz del Foro de la Familia, "La interpretación de la ley que haga la Sala será la que tenga que hacer después la Administración".

Según los colectivos de padres que se oponen, el total de objeciones de conciencia presentadas ante esta controvertida materia educativa supera los 50.000 en todo el territorio nacional. Según han denunciado en la comparecencia de esta mañana los portavoces del movimiento objetor, "la única respuesta de las Administraciones frente a la preocupación de los padres porque se invada la esfera de la conciencia moral de sus hijos han sido las presiones y las intimidaciones. Sólo ha habido dos excepciones a esta actitud: la Comunidad de Madrid y la de La Rioja, que sí han cursado instrucciones para que no se obligue a los alumnos objetores a entrar en las aulas.

Blanco ha manifestado que "respetaremos lo que digan los jueces porque somos respetuosos con el Estado de Derecho, pero si la resolución no es favorable, continuaremos la batalla judicial al Tribunal Constitucional primero y, si es preciso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después". En cualquier caso, Blanco se ha mostrado confiado en que la decisión del Supremo vaya en el sentido de las resoluciones ya existentes de algunas instancias judiciales que sí han considerado que los asiste a los padres el derecho a la objeción de conciencia en este ámbito.

Los promotores de la iniciativa han querido reiterar en su comparecencia de hoy que "esta batalla no lo es de la Iglesia católica, sino de la ciudadanía, que se defiende ante los excesos de un Estado que ejerce una intromisión en el ámbito estrictamente privado de la conciencia moral".