No es como la devolución del Canal a Panamá o de la entrega de Hong Kong a China, como sucedió en 1999 y 1997, pero la pretensión de ponerle fecha de caducidad al Tajo-Segura en 2015 tiene esas reminiscencias históricas.
Desde la orilla del Segura, la impresión es mala. Castilla- La Mancha cuenta, por ahora, con todas las papeletas para llevarse el gato al agua en la negociación sobre el futuro del Trasvase, a la vista de la propuesta que hay sobre la mesa: la reducción progresiva de los desembalses a la cuenca del Segura, una reserva estratégica de 600 hectómetros cúbicos para las necesidades de los castellano-manchegos, la sustitución de caudales trasvasables por otros desalinizados, el marcaje de los usos agrícolas en la cuenca del Segura y, como colofón, la inclusión dentro del Estatuto de la fecha de extinción del acueducto en 2015.
Callejón sin salida
El PSOE y el Gobierno de Castilla-La Mancha están metiendo prisa para cerrar cuanto antes el acuerdo en el Congreso, mientras que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, admite que no hay acuerdo interno en su partido ni entre los socialistas. El Estatuto podrá entrar incluso en un callejón sin salida por falta de consenso entre PSOE y PP a nivel nacional, ya que esta es una de las condiciones que se han impuesto los dos partidos cuando entró el texto en el Congreso a mediados de octubre. Tal es así, que las enmiendas conjuntas van firmadas por separado. El escollo ha surgido justo donde se preveía, en el control de las aguas del Tajo que pretende Castilla-La Mancha y, principalmente, en la emblemática fecha de 2015.
No se descarta que el Estatuto vuelva finalmente a las Cortes de Castilla-La Mancha, una posibilidad que algunos ven cada vez más cerca debido a que los gobiernos regionales implicados no están dispuestos a ceder.
El presidente murciano Ramón Luis Valcárcel, junto a su homólogo valenciano Francisco Camps, por una parte, y el secretario del PSRM-PSOE, Pedro Saura, y su correligionario de Valencia, Jorge Alarte, por la otra, han levantado un muro unánime en defensa del acueducto y rechazan la última oferta ofrecida desde Madrid. Pedro Saura cree que la línea del acuerdo es delgadísima. Hoy por hoy, junto con Alarte, mantiene el veto al texto.
Valcárcel califica de ofensivo e insultante el último documento propuesto en la mesa de negociación, del que fue informado durante las fechas navideñas, que ya de por sí fue rebajado de tono respecto de un primer borrador más duro para los intereses de la cuenca del Segura, apunta.
Según ha explicado el presidente murciano, «no pensamos aceptar bajo ningún concepto, ni antes ni ahora, que los usos del agua en la Región de Murcia se decidan en Castilla-La Mancha, como está recogido en una de las disposiciones». Valcárcel exigió que se borrara. «Por ahí no pasamos, como tampoco con otras propuestas que mantienen cierta carga de agresividad, como la fecha del 2015».
Las claves que ofrece Valcárcel de esta soterrada lucha política apuntan al deseo de los negociadores del lado socialista de dejar constancia como sea de la fecha de 2015. Ese deseo también hay que atribuirlo a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que fió su palabra junto a la de Barreda. De fechas, nada. «Desde el principio nos hemos negado rotundamente. En el PSOE están erre que erre con este asunto», según Valcárcel.
En lugar de la Disposición donde estaba alojada la fecha de 2015, se plantea ahora que figure en el Preámbulo del Estatuto con una redacción algo parecida a que las Cortes de Castilla-La Mancha consideraron que la fecha de caducidad del Trasvase deberá ser en 2015. La palabra consideraron, en pasado y como un testimonio de lo que decidió el Parlamento toledano, tampoco convence. «No estamos a favor. No queremos fechas en un texto de origen que a nuestro entender está plagado de aspectos inconstitucionales», explica Ramón Luis Valcárcel.
El presidente murciano señala que este es el principal tira y afloja, cuya propuesta le ha llegado a través de la cúpula de su partido para tratar de acercar posturas.