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Lunes, 12-01-09
A finales de la pasada legislatura, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reiteró la voluntad del Gobierno, manifestada por primera vez en la campaña de las elecciones de 2004, de proceder al cierre progresivo de las ocho centrales nucleares que operan en España «en el horizonte de 2030». Ello equivale a esperar que transcurran los plazos de explotación previstos, sin prorrogarlos, para después desmantelarlas. En ningún momento el Ejecutivo ha escuchado las voces en contra de los sectores eléctrico e industrial, de las filas de la oposición y de voces autorizadas dentro del propio partido socialista. Todas estas voces claman por la necesidad de que la nuclear forme parte de la cesta energética española, que debe ser diversificada y equilibrada para evitar situaciones como la vivida en buena parte de la Unión Europea con la «guerra del gas» entre Rusia y Ucrania.
El «mix» energético
El «mix» energético en España está compuesto por el gas natural, en un 28 por ciento de la electricidad producida; el carbón, con cerca del 27 por ciento; el combustible nuclear, con alrededor de un 20 por ciento; el petróleo y la hidroeléctrica, con un 8 por ciento cada una, y las energías renovables, con casi otro 8 por ciento. Si se prescinde de la energía nuclear, su cuota deberá ser cubierta por otras fuentes. La voluntad del Gobierno de que sean las energías renovables las que suplan al combustible nuclear no podrá ser una realidad en varias décadas, ya que con las tecnologías actuales a duras penas se alcanzaría el objetivo. Su vacío deberá ser llenado por el gas natural o el petróleo, fuentes caras y poco seguras en su abastecimiento, al albur siempre de las circunstancias de proveedores políticamente poco fiables.
De acuerdo con el calendario de cierre de centrales que maneja el Gobierno, en base a la vida útil de las ocho plantas en funcionamiento, la primera en cerrar será la de Santa María de Garoña (Burgos), este mismo año. Su licencia de explotación no será renovada. Las siete restantes dejan un amplio periodo de doce años en su margen de explotación, a menos que el Ejecutivo decida ahondar en su moratoria hasta el punto de decretar sus cierres anticipados, algo que pondría a la patronal eléctrica en pie de guerra, ya que la amortización de este tipo de instalaciones exige plazos muy largos.
Para 2021 expira la vida útil de dos centrales, las de Almaraz I y Ascó I. En 2022 concluyen su vida útil las de Almaraz II y Cofrentes; para 2023, será la de Ascó II; mientras que las de Vandellós II y Trillo podrán operar hasta el año 2026. Estos períodos de explotación son sólo indicativos, ya que la vida útil de una central nuclear puede ser ampliada.
Uno de los objetivos del Gobierno socialista más mediáticos, que la energía nuclear vaya desapareciendo en nuestro país como combustible para generar electricidad, tampoco se ha cumplido en 2008. Y es que las centrales nucleares alcanzaron el año pasado el 20% del total de la producción de electricidad, un punto por encima del registrado en 2007, informa Javier González Navarro. Aunque el incremento es mínimo, adquiere mayor importancia porque se ha registrado con más potencia instalada: 89.944 MW a finales de 2008 frente a 85.701 MW un año antes.
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