Los expedientes de regulación de empleo, más conocidos como ERE, se han convertido en paisaje habitual del mercado laboral, con independencia de que la situación económica sea boyante o atraviese la peor de las crisis. Solamente en 2008, cerca de 100.000 trabajadores han visto extinguidos sus contratos a través de un ERE, más del 10% del millón de parados registrados el ejercicio pasado.

El Gobierno lleva tiempo diciendo que quiere cambiar sus condiciones ante el abuso que se ha ido produciendo a lo largo de los últimos años, una mala praxis que, incluso, ha provocado que empresas con grandes beneficios echen mano de este instrumento para prejubilar a trabajadores con 48 años.

En la mesa de Empleo del diálogo social se ha añadido este punto en la negociación. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que el pasado septiembre apostó por estos instrumentos para «superar la crisis», por entender que «correctamente aplicados» ayudan a los trabajadores, un mes después ya empezó a advertir que los iba a «mirar con lupa». Empresas de gran calado en el tejido industrial español, vinculadas sobre todo al sector del automóvil -uno de los más afectados por la caída del consumo- han hecho de los ERE un medio de supervivencia.

Desde que estalló la crisis financiera en agosto de 2007 los ERE han ido en continuo aumento. De acuerdo con las Estadísticas de Trabajo de los 994.000 nuevos parados registrados en 2008, unos 100.000 personas han llegado al INEM a través de un ERE, más del 10%. Sólo en octubre de 2008 (último dato del que se dispone) los trabajadores afectados por un ERE superaban las 20.700 personas, cuando la media de los años anteriores a la crisis rondaba los 4.000.

¿Cómo están regulados? Siempre debe pedirse autorización a la autoridad laboral tanto para suspender como para extinguir las relaciones laborales de un colectivo de trabajadores. Las comunidades tienen reconocida esta competencia cuando la empresa únicamente está ubicada en su jurisdicción o el ERE afecta a menos de 200 trabajadores.

En el resto de los casos debe ser la dirección general del Ministerio de Trabajo la que se pronuncie. Pueden solicitarlo tanto las empresas como los propios trabajadores, por lo que en el 90% de los casos dichos expedientes llegan ante la autoridad laboral pactados con la justificación de «evitar un perjuicio mayor».

Las condiciones

Las únicas condiciones que deben cumplir son que el despido colectivo o suspensión de la relación laboral se deba a causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción; por fuerza mayor o por la desaparición de la propia empresa. Si la empresa cuenta con más de 50 trabajadores debe incluir un plan de viabilidad.

Desde que estalló la crisis, muchas empresas han recurrido al ERE, aunque las condiciones ofrecidas a los trabajadores han sido pésimas, por lo que si antes el 90% de estos expedientes llegaban pactados ante Trabajo, ahora son fuente de conflicto. Aún así, algunos como el presentado por Telefónica en octubre pasado fue criticado por el ministro Corbacho quien dijo que no le parecía «serio» e incluso llegó a considerar una «injusticia» que una empresa que no tiene pérdidas quiera desprenderse de sus trabajadores a partir de 48 años. «La prejubilación debe ser la excepción en caso de crisis, no la norma», llegó a decir, hasta que anunció que se va a cambiar su regulación.

En muchas ocasiones, las condiciones sociales y de prejubilación del ERE son tan favorables para el trabajador que les compensa más acogerse al expediente que seguir trabajando. Con la crisis la situación ha cambiado. Por este motivo, Maravillas Rojo confirmó a ABC que la nueva regulación afectará a los planes sociales y a las prejubilaciones. También ven con buenos ojos la propuesta de UGT para que se mejore el tratamiento fiscal de estos trabajadores y su protección por desempleo, donde no existe una regulación específica y se producen muchas discriminaciones.