El PP ve «fraude histórico» en el proceso para nacionalizar hijos de exiliados
El responsable de Emigración del PP, Alfredo Prada, acusó ayer al Gobierno de cometer un «fraude político e histórico» en el proceso de nacionalización de hijos y nietos de los exiliados por el franquismo, que desde el pasado 29 de diciembre puede solicitar la nacionalidad española en aplicación de la ley de Memoria Histórica.
De la medida pueden beneficiarse cerca de medio millón de familiares de personas que dejaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, si fue por razones políticas, informa Ep.
Según Prada, esta medida es un «fraude político» porque no cumple con el compromiso del Gobierno y, concretamente, del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de otorgar la nacionalidad a los hijos y nietos «sin ningún tipo de cortapisas» y, por otro lado, indicó que es un «fraude histórico» porque el Ministerio de Justicia «se ha inventado» la fecha del 31 de diciembre de 1955 como fecha límite.
«Se trata de una fecha irrelevante, arbitraria y discriminatoria e incumple el principio de igualdad recogido en la Constitución española de 1978», denunció el portavoz del PP de Emigración.
Colas en consulados
Además, Prada criticó la falta de previsión y de recursos por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores para gestionar las peticiones de nacionalización, lo que está provocando enormes colas en las embajadas y consulados españoles. «España está dando una imagen tercermundista y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, debe tomar medidas de forma inmediata para resolver esta situación», reiteró.
Finalmente, Prada afirmó que el PP quiere la nacionalización de hijos y nietos de exiliados españoles durante el franquismo, pero «sin discriminaciones, sin fechas y sin limitaciones».
El Gobierno calcula que en torno a medio millón de ciudadanos repartidos por todo el mundo reúnen los requisitos para solicitar la condición de español, en su mayoría residentes en Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, Venezuela, México y Brasil. Fuentes del departamento de Miguel Ángel Moratinos consideran más razonable, sin embargo, hablar de un millón de nacionalizados, como ya adelantó ABC.
El número total dependerá en buena medida de la aplicación de la disposición adicional séptima de la ley de memoria histórica, que establece un plazo de dos años para optar a la nacionalidad, pero prevé que pueda prorrogarse por acuerdo del Consejo de Ministros un año más, lo que podría multiplicar el número de peticiones.
Argentinos y cubanos fueron los más activos en los primeros días tras la entrada en vigor de la disposición adicional séptima (un año después que el resto de la ley de Memoria Histórica). Según cálculos oficiosos, hasta 200.000 cubanos podrían solicitar la nacionalidad española en los dos próximos años, 300.000 en caso de que la ley se prorrogue por un tercer año.
También podrían beneficiarse unos 300.000 ciudadanos argentinos, lo que desbordaría ya las previsiones iniciales del Gobierno.

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