La izquierda judicial cree que Blanco «no entiende la separación de poderes»
Martes, 06-01-09
Las declaraciones de José Blanco sobre los miembros del Consejo General del Poder Judicial tras la sanción al juez Tirado por el «caso Mari Luz» han logrado irritar en todos los ámbitos de la Justicia, incluso en la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), que, a través de su portavoz, Miguel Ángel Gimeno, aseguró ayer que el vicesecretario general del PSOE ha dejado claro que no entiende «qué es la separación de poderes».
Blanco había manifestado que la medida disciplinaria aplicada a Tirado le hace cuestionarse haber apoyado a ciertos vocales para formar parte de esta institución, un pronunciamiento que ha dado ahora pie a que Gimeno manifieste a Servimedia que el dirigente socialista «no ha calculado bien sus palabras», puesto que el Consejo ha actuado «conforme a sus competencias».
A este respecto, el portavoz de JpD se preguntó si Blanco esperaba que por haber votado en el Parlamento a determinados miembros del Consejo, éstos «tenían que hacer lo que ellos dijesen». «Es no entender qué es la separación de poderes», aseguró el portavoz de JpD, quien añadió que el CGPJ es constitucionalmente un órgano «interpuesto» para evitar que el Gobierno pueda influir directamente en los jueces.
Por este motivo, Gimeno concluyó que «si al que pones como guardián de esa independencia de los jueces, tú pretendes que actúe como tú quieres, es que no le das demasiado valor».
Las palabras de Blanco han sido la culminación de la ofensiva desatada desde el Gobierno y desde el Partido Socialista contra el CGPJ por limitarse a aplicar la letra del régimen disciplinario de los jueces al magistrado encargado del «caso Mari Luz», que no ejecutó una sentencia pendiente contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña, con lo que este individuo permaneció en libertad y tuvo así ocasión de cometer el crimen. Las comprobaciones sobre el papel de Tirado, que ha estado rindiendo por encima de lo exigible y cuyo juzgado sufrió el lastre de la baja laboral de una funcionaria durante cinco meses mientras se tramitaba el caso, no se ajustaban a los cánones de una sanción mayor que la de la multa de 1.500 euros que finalmente se le ha impuesto.
Ello no ha obstado para que tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta primera expresen su malestar contra el CGPJ. Así, Zapatero dijo en su balance de fin de año que discrepaba «abiertamente» de la decisión, en tanto que María Teresa Fernández de la Vega ha venido reclamando insistentemente que se sancionase al juez con tres años de suspensión.

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