EL mismo día en que el Banco de España confirmaba el agravamiento de la crisis y la confirmación de que 2008 terminará en recesión, el Gobierno anunció el plan para la nueva financiación de las Comunidades Autónomas. Sin entrar en consideraciones de detalles, las premisas del nuevo modelo parecen contraindicadas para emprender un proceso de trasvase de fondos desde la Administración Central del Estado a las administraciones autonómicas. Por lo pronto, resulta incomprensible que este plan se presente desconectado del presupuesto general del Estado para 2009, lo que hace aún más inútil la previsión de gastos e ingresos aprobada por el PSOE y sus socios nacionalistas de ocasión. Puede decirse, sin temor a exagerar, que España carece de un plan económico integral, fiable y realista para afrontar el que será el peor año económico desde la crisis de 1929. No sólo el presupuesto general para 2009 está «desactualizado», como reconoció el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, -nuevamente desbordado por la realidad de la crisis económica y la diplomacia directa de Zapatero con las autonomías-, sino también derogado de hecho porque no contempla la repercusión del nuevo modelo fiscal que va a soportar la financiación de las comunidades autónomas.

Por otro lado, resulta inaudito que los mismos que se entusiasman con la rehabilitación del Estado frente al declive del mercado libre se estén aplicando en España a desarmar económicamente al Estado. En un momento histórico que precisa un gobierno fuerte, políticas de cohesión, convergencia con Europa, garantías de solidaridad y, en definitiva, decisiones nacionales, en el sentido más político del término, el ejecutivo socialista opta por debilitar las estructura financiera común del país, reforzando las de las administraciones autonómicas. Este planteamiento podría ser menos preocupante si los destinatarios de estos nuevos recursos financieros se hubieran mostrado habitualmente eficaces en la gestión del dinero público. Pero, en general, no ha sido así. Sin duda, era necesario mejorar la financiación de las autonomías que soportan mayores cargas sociales y de otro tipo, pero cabe temer que el problema que ahora se alivie temporalmente, vuelva a reproducirse más adelante si determinados territorios no mejoran la eficiencia de su gestión y si no existen verdaderos controles del gasto autonómico, así como mecanismos de retorno al Estado de los instrumentos fiscales que ahora se transfieren.

Además, todo tiene un coste. Solbes no especificó ayer cuánto supone, en euros, la nueva propuesta de financiación autonómica. Tampoco cómo va a compensar el Estado la pérdida de ingresos para seguir sufragando sus propias políticas sociales, a las que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado inmunes a la crisis, pero acepta un modelo financiero que cada vez proveerá menos recursos al Estado. Si la solución es, como denuncia el Partido Popular, que se genere más deuda pública y que aumenten los impuestos o la presión fiscal, Zapatero sólo habrá conseguido aplazar un problema -el de las reivindicaciones autonómicas- y agravar a corto plazo el de la insuficiencia financiera del Estado. Si no se aborda una revisión seria y exigente de la situación actual de España, hay que estar prevenidos frente a una cada vez menos improbable inviabilidad económica del Estado social. El Gobierno está comprometiendo recursos públicos como si éstos fueran ilimitados y las Comunidades Autónomas, en una carrera de intereses propios, han optado por aceptar la prodigalidad de Zapatero. Pero el desempleo puede llegar al 16 por ciento, el consumo decrece constantemente y sigue sin haber financiación para empresas y familias. La rebaja de los tipos de interés de referencia para los préstamos hipotecarios y la reducción de la inflación consuelan poco si se pierde el trabajo. Las medidas de reactivación, aunque necesiten más tiempo para que inviertan la tendencia recesiva de la economía, no han logrado, al menos, frenar el empeoramiento de la situación.