Al final, sólo se trataba de contentar a Cataluña y diseñar un modelo de financiación autonómica que no molestara un Estatuto catalán, que tanto réditos electorales le ha dado a José Luis Rodríguez Zapatero. Y así será, si puede pactarlo con el resto de las comunidades, que está por ver. El presidente no se lo ha pensado mucho y el nuevo sistema de financiación no es más que la aplicación del modelo diseñado en el Estatuto catalán al resto del Estado. Los beneficiados serán las Comunidades más ricas: Cataluña, Madrid y Baleares.

Dos años negociando un nuevo sistema de financiación -desde que en 2006 se aprobara el Estatuto de Cataluña- y Rodríguez Zapatero llega al último día del plazo fijado para llegar a un acuerdo -el 31 de diciembre-, sin poder cumplirlo. No ha sido posible, como así lo reconoció ayer el propio Solbes. Además, tampoco hay dinero encima de la mesa y, cuando lo haya en el futuro, será con cargo al déficit, o sea, más deuda para el Estado: «Algo se perderá en el camino», sentenció el ministro de Economía. Esta es la situación real en la que se encuentra la promesa ya incumplida del presidente del Gobierno.

Fotos del presidente

¿Qué es lo que hay a día de hoy? Unas fotos del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa con los presidentes de Cataluña, Andalucía, Galicia, Madrid y Valencia, en un intento de escenificar a última hora que se está negociando, y un segundo documento, el presentado ayer por el vicepresidente económico, Pedro Solbes. Pero es un texto que no está consensuado y cuya negociación, según palabras del propio Solbes, «se retomará con fuerza a partir del 7 u 8 de enero. El presidente del Gobierno mantendrá nuevos contactos con los presidentes autonómicos y se celebrarán reuniones bilaterales para que, antes de finales de enero, se pueda celebrar un Consejo de Política Fiscal y Financiera y que el sistema se apruebe cuanto antes».

Solbes se vio obligado ayer a salir a escena y, con la promesa ya incumplida, avanzar los aspectos fundamentales de lo que será el nuevo sistema. Se curó en salud y afirmó que «el documento no está cerrado» y que han intentado incluir el máximo de lo que han pedido las Comunidades autónomas. Adelantó que aporta novedades, respecto al sistema actualmente vigente, pactado en 2001, como que «la población tiene un carácter dinámico, mayor transferencia de recursos, mayor capacidad normativa y más corresponsabilidad fiscal». Se trata de garantizar que cualquier ciudadano recibirá los mismos servicios fundamentales, independientemente del territorio donde resida y de que todas las competencias transferidas reciban financiación suficiente.

Uno de los aspectos fundamentales de este nuevo sistema es que las comunidades tendrán una mayor autonomía financiera, podrán recaudar más dinero. Ello será así porque pasarán a gestionar el 50 por ciento del IRPF y del IVA y el 58 por ciento de los Impuestos Especiales. Lo mismo que dice el Estatuto de Cataluña. En el primer documento para la negociación, sólo se hablaba de un 50 por ciento en los tres conceptos. Al permitir una mayor cesión de impuestos, el Gobierno reducirá las transferencias del Estado, por lo que las Autonomías reducirán su dependencia de un 30 por ciento actual a un diez por ciento.

Dentro de esta capítulo fiscal, hay que destacar que las Comunidades tendrán competencias en los impuestos. En el caso del IRPF pueden modificar los mínimos personales y familiares e imponer deducciones de la cuota, como la adquisición y alquiler de viviendas. Esta capacidad normativa se extiende también al IVA y los impuestos especiales, siempre que la UE lo permita, lo que en este momento no ocurre.

El nuevo modelo incluye tres fondos, que son una garantía para poder cubrir todas sus necesidades de gastos, y que se sumará al dinero obtenido por la recaudación fiscal. El primero es el Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales, que garantiza la igualdad de financiación por habitante. Los servicios fundamentales serán los de sanidad, educación y servicios sociales. Este fondo se financiará con «más de dos tercios» del total de recursos obtenidos por los impuestos cedidos. El segundo fondo es el de suficiencia financiera y servirá para financiar el resto de servicios y competencias transferidas. Se financia con los ingresos del Estado e incorpora recursos adicionales de éste.

La novedad está en el tercer fondo, el de convergencia autonómica, que albergará, a su vez,dos fondos. El de competitividad, para reducir las diferencias de financiación per cápita entre comunidades, y se distribuirá entre aquellas que estén por debajo de la media o por debajo de su capacidad fiscal. El segundo es el de cooperación, que trata de mejorar la convergencia en los niveles de vida y se distribuirá entre aquellas con menor riqueza.

Ajustes de población

El criterio fundamental del reparto del dinero será el de la población, con ajustes como el territorio, la dispersión, la insularidad y el envejecimiento de la población. Todavía no se contempla el criterio de inmigración, según lo reconocido por Solbes.

Las reacciones de las autonomías no se han hecho esperar. La más virulenta llegó desde Castilla y León, que se jactó de decir que el texto «suena a sardana» y que es un «fiel reflejo» del Estatuto catalán, según señaló la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Además, lo calificó como «vago, incompleto e impreciso». Por su parte, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, considera que el documento quiebra «el principio de debate» entre Gobierno y Comunidades. En el otro lado, el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, afirmó que responde a las «expectativas».