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La Junta volverá a pedir al País Vasco colaborar en Treviño tras las elecciones

ISABEL JIMENO

VALLADOLID. La Junta de Castilla y León volverá a solicitar al Gobierno vasco la firma de un acuerdo de colaboración para mejorar la prestación de servicios básicos en Condado de Treviño y las zonas limítrofes de ambas comunidades. Así lo apuntó ayer el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, después de conocer el fallo del Tribunal Supremo por el que se confirma la anulación definitiva de los convenios suscritos en el año 2000 por el Gobierno vasco y los ayuntamientos burgaleses de Treviño y La Puebla de Arganzón.

El fallo judicial, con fecha de 19 de diciembre y contra el que no cabe recurso, confirma -como ya adelantó ABC en septiembre- que se desestima el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Vasco y el Consistorio de La Puebla de Arganzón contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de octubre de 2005. Ratifica así las aspiraciones de la Junta de Castilla y León. que pidió la anulación de estos acuerdos suscritos entre el Ejecutivo vasco y los ayuntamientos de estos dos municipios del enclave de burgalés de Treviño, entonces gobernados por partidos que apoyaban su anexión a Álava.

«No se ajustaba a Derecho»

De Santiago-Juárez insistió en que la Junta «no valora» las sentencias, tanto si son negativas o positivas, como en este caso en el que «se da la razón a algo que hemos planteado siempre: el convenio con los enclaves no se ajustaba a derecho».

Aún así, el consejero portavoz destacó que «eso no es lo importante. Lo importante es que cualquier ciudadano de España tiene que recibir los mismos servicios». En este sentido, recordó que el vasco es «el único» gobierno de las 9 comunidades limítrofes que no ha contestado a la petición de firmar acuerdos de colaboración lanzada por la Junta en marzo y que ya se ha materializado en la firma de convenios con cinco Comunidades -Asturias, La Rioja,Madrid, Aragón y Galicia- y otros tres se rubricarán en el primer trimestre de 2009.

A raíz de esta sentencia, De Santiago-Juárez avanzó que, tras las elecciones autonómicas vascas previstas para marzo, la Junta volverá a dirigirse al gobierno vecino «para buscar fórmulas de entendimiento y colaboración» que beneficien a los ciudadanos de Treviño y del resto de zonas limítrofes. «Siempre hemos defendido el autonomismo útil, cooperativo e integrador» frente a la «voracidad competencial» de algunos nacionalismos.

«Invasión» de competencias

La sentencia de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirma el auto del TSJ en el que se establecía que los acuerdos suscritos en materia de educación, cultura, promoción económica y desarrollo rural suponen una «invasión» en las competencias que estatutariamente corresponden a la Junta de Castilla y León.

El auto judicial desestima el recurso presentado contra esta sentencia al considerar que no existe incongruencia y que el TSJ no incurrió en la falta de motivación, que analizó la legislación vigente en materia de los convenios de colaboración entre diversas administraciones públicas.

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