La estafa de Madoff comienza su etapa de judicialización. Las enormes sumas de dinero perdidas en el mayor negocio piramidal de la historia comienzan a fraguar una maraña de acciones legales de la que no será fácil dilucidar cuál de todos los implicados debería o no salir airoso.

En nuestro país, los bufetes de abogados contratados por las entidades afectadas —como es el caso de Uría & Menéndez y Baker & McKenzie que trabajan para M&B— terminan de perfilar estos días lo que ellos mismos denominan una estrategia «tridente», según la cual la guerra judicial se extenderá desde las gestoras comercializadoras del producto fraudulento a los bancos custodios, las auditoras de los fondos y a los organismos supervisores cuyos filtros haya burlado Madoff.

En círculos legales, el proceso se prevé de la siguiente forma. En primer lugar, muchos de los clientes afectados, institucionales y grandes fortunas, emprenderían su revancha contra las «boutiques» financieras que les recomendaron una lucrativa inversión que finalmente resultó ser humo. Sería el caso de las entidades directamente salpicadas por el escándalo, como Santander, Espirito Santo o Caja Madrid. Estas gestoras, por su parte, serían las que tomarían las acciones legales en el triple sentido mencionado, implicando en el ruedo a los custodios, los auditores y los supervisores.

Los principales bancos custodios implicados en nuestro país en el caso Madoff son UBS y el británico HSBC y son, por tanto, los que podrían recibir un mayor número de reclamaciones. Sin embargo, en el caso de la entidad suiza, fuentes cercanas aseguran que el banco ya ha estudiado en varias reuniones sus responsabilidades como custodio y que, tras el análisis, no consideran haber faltado a ninguna de ellas en el caso de Madoff.

En cuanto a los auditores de los fondos afectados por el escándalo, la firma PricewaterhouseCoopers, auditor de la gestora del Santander Optimal, podría ser una de las más reclamadas a lo largo de este proceso, que, sin duda, se prevé largo. No obstante, la firma presidida en España por Carlos Mas, auditaba un gran número de fondos de inversión que tan solo invertían indirectamente en los gestionados por Madoff. Es decir, se trataría de productos que tenían una participación en un gran fondo, el cual, invertía a su vez en distintos destinos. Este gran fondo contaría con otra firma auditora distinta a PwC, por lo que muchos consideran que la responsabilidad real de la firma sería más bien residual.

Por último, en la rueda de posibles responsables, quedarían los supervisores. Madoff ha vuelto a poner en evidencia cómo los mecanismos de seguridad y control han ido fallando uno a uno, sin excepción. Desde que se conociera la noticia del fraude, la Security Exchange Comision (SEC) estadounidense ha sido el punto de encuentro de miles de discusiones en las que el máximo afán era descubrir cómo algo así podía haber ocurrido. Ahora, sin duda, será también el centro de millones de reclamaciones. Pues de lo que no hay duda es de que en este caso ha habido un encadenamiento de fallos, de mercado, regulatorios y, desde luego, de supervisión, de los que la mayor institución de vigilancia financiera del mundo no puede quedar al margen.