La llama anti-Bolonia se ha avivado en Cataluña a raíz de las expulsiones a los seis estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que participaron en los altercados del pasado mayo. Apenas 24 horas después de que el rectorado comunicara las sanciones, alumnos de esa universidad y de la UB tomaron la ciudad de Barcelona en protesta por la medida y para forzar un avance en el diálogo con las autoridades académicas y la Generalitat.

Cortes de tráfico

Cinco manifestaciones paralelas colapsaron la capital catalana y sus alrededores en plena hora punta. Tres de las protestas se desarrollaron en Barcelona y otras dos en Bellaterra y provocaron el caos circulatorio, según indicaron a ABC fuentes de la Guardia Urbana. En la AP-7, los estudiantes cortaron ambos sentidos a la altura de Tarrasa (Barcelona) durante 45 minutos e hicieron lo mismo en la B-30 en sentido Tarragona. Los enlaces a la C-58, desde la AP-7, también resultaron afectados.

En Barcelona el caos fue generalizado ya que los universitarios tomaron en hora punta los principales accesos al casco urbano. Cortaron durante dos horas la avenida Diagonal, a la altura de la zona universitaria; la boca norte del túnel de la Rovira y, durante una hora, paralizaron el tráfico en el corazón de la ciudad -Gran Vía entre las calles Urgel y paseo de Gracia-, donde improvisaron una clase con material que extrajeron del edificio central de la UB. En esta universidad un grupo de universitarios siguen encerrados. Esta última protesta acabó en la sede del Comisionado de Universidades. Un comité de los manifestantes decidió permanecer en el edificio hasta hablar con responsables de la institución.

Tras siete horas de ocupación y un encuentro frustrado con miembros del Comisionado, la Policía autonómica les instó a abandonar el edificio y salieron a la calle, donde paralizaron de nuevo el tráfico. Por su parte, los estudiantes de Lérida y Gerona concluyeron ayer sus respectivos encierros.

Creación de la Mesa Nacional Coincidiendo con las protestas, los rectores y la Generalitat anunciaron la creación de la Mesa Nacional para la Universidad Pública, con la que abren un proceso de diálogo para resolver el conflicto.