-Se le reprocha haber planteado tarde sus dudas sobre la constitucionalidad de la adopción de menores por los homosexuales. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente?

-Esa pregunta me la hizo el fiscal. Simplemente porque lo dice la ley. La cuestión de inconstitucionalidad sólo puede plantearse una vez concluido el procedimiento y cuando se vaya a dictar la resolución, no antes. En mi caso, el asunto no estuvo para resolución hasta julio de 2007. En ese momento, asumió la representación de la adoptante el abogado José Luis Mazón, me recusó por ser católico y a continuación se querelló contra mí. La anterior abogada no había recurrido nada.

-¿En algún momento su actuación ha tenido como fin objetar de determinadas leyes por motivos de conciencia, pese a que los jueces no tienen este derecho?

-No. He recabado informes y me he preocupado por el bienestar de la niña. Y eso no es aplicar mis creencias, es aplicar la ley, que dice que siempre hay que tener en cuenta el interés del menor. Los derechos de Vanessa (adoptante) y Susana (madre biológica) terminan donde empiezan los de Candela. No tuve en cuenta mis creencias, como no lo he hecho en los diez años que llevo en el Juzgado de Familia, durante los que he dictado miles de sentencias de divorcio, pese a que soy contrario.

-Los dos expedientes disciplinarios que le ha abierto el CGPJ guardan relación con adopciones por lesbianas. ¿Siente rechazo hacia los homosexuales?

-No tengo nada en contra de las personas homosexuales, ni les odio como dice el fiscal. Simplemente velo por el interés superior de los menores, porque hay estudios contradictorios sobre los efectos de la adopción por parejas del mismo sexo. Hay opiniones a favor y en contra. Algunos, como Luis de Rojas, dicen que influye negativamente en la personalidad de los hijos, que se convierten en «cobayas humanas». Otros, como la Universidad de Sevilla, sostienen que no es así.

-¿Habría actuado de la misma manera si la adoptante no hubiera sido homosexual?

-El Código Civil dice que la adopción se debe decidir teniendo en cuenta el interés del menor y la idoneidad del adoptante para ejercer la patria potestad. Si en el caso de una pareja heterosexual veo cualquier cosa que me indica que un menor puede verse perjudicado por una adopción, por supuesto. Eso depende del caso concreto. Si no veo nada, algún impedimento físico, psicológico, económico... no tengo por qué dudar de la idoneidad. Pero también en las adopciones por heterosexuales los trámites pueden prolongarse meses o años.

-En este caso, entonces, es la homosexualidad lo que le lleva a dudar de la idoneidad...

-Sí, efectivamente. Eso era lo fundamental. Es cierto que yo me dirigía a investigar si la homosexualidad influye negativamente o no en el desarrollo armónico de la niña.

-¿Es usted contrario a que las parejas homosexuales puedan adoptar niños?

-Hombre... En diez años, todos los informes periciales del gabinete psicosocial y aquellos en los que ha intervenido la Dirección General de Familia (de Murcia) siempre incluían la misma coletilla: «Son esenciales para el crecimiento armónico del menor tanto la figura paterna como la materna». Y en este caso, el gabinete psicosocial ni las vio [a la adoptante y a la madre biológica]; y la dirección general se ventiló el asunto en un día y no contestó a lo que yo pedía.

-¿Qué pedía usted?

-Que me contestaran unas preguntas sobre la influencia de la adopción: si no es cierto que la convivencia de dos personas del mismo sexo con un menor influye negativamente en éste, si no hay un alto grado de que pueda ser también homosexual... Quería que me esclarecieran si había perjuicio para el menor. Se rebelan, no me quieren contestar, y harto ya de recibir presiones del jefe del Servicio de Protección de Menores, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, es cuando pongo la providencia de 6 de julio prescindiendo del informe que había pedido y dando audiencia a las partes para que opinen sobre si procede plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Entonces me apartan del caso y ya no he sabido más... Bueno sí, me he enterado de que el juez que me sustituye ha constituido la adopción.

-Usted dice que los psicólogos no contestaron a sus preguntas, pero tanto ellos como el fiscal no vieron impedimento para la adopción. ¿Por qué insistió?

-Si quiere le mando el informe... es media hoja. Normalmente los psicólogos se entrevistan con los progenitores, van a la vivienda, al colegio, hablan con los profesores, los abuelos, los tíos. Pero en este caso no vieron ni a las dos interesadas. Las citaron para el 16 de agosto y el informe lleva fecha de 11 de agosto. La norma, sean heterosexuales o no, es entrevistar a los dos, hacerles test, comprobar los medios de vida, el entorno... Y en este caso, en media hoja, lo que me venían a decir era que para qué me iba a meter en berenjenales si la niña, quisiera yo o no, iba a vivir con esas dos señoras. Eso es lo que me dijo el gabinete psicosocial. Eso no es un informe. Por eso nombré defensor de la menor a la Dirección General de Familia, que designó a otra psicóloga. Ésta entrevistó a las dos mujeres y redactó un informe basado en la visita que hizo a la vivienda la trabajadora social. Fue ésta la que determinó que la pareja era feliz, que la niña era feliz y que estaba estable emocionalmente. Y en base a eso concluyen que procede la adopción. Por eso pedí que ampliaran el informe, pero no quisieron contestar.

-¿Sus creencias religiosas son compatibles hoy con las leyes que debe aplicar, y de las que discrepa, como juez de Familia? ¿No sería mejor otro juzgado?

-Sí, efectivamente, puede entenderse así. Pero los católicos tampoco pueden retirarse de determinados puestos de trabajo por sus convicciones. Dice la Constitución que todos tenemos derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, sin discriminación por razón de sexo, ideas o creencias. Y a mí se me recusa por ser católico. Si un musulmán acude al juzgado, ¿tiene derecho a un juez musulmán? Es absurdo. Yo no lo veo incompatible porque aplico la ley y la acato, aunque discrepe de ella. Y, efectivamente, discrepo del divorcio, del aborto, pero eso no me impide aplicar la ley. Si algún día tuviera problemas de conciencia, me iría del juzgado, evidentemente.

-¿Qué espera de la sentencia?

-Espero una sentencia justa, absolutoria. Y confío en que el tribunal no se deje llevar por presiones. Pero el fiscal y la acusación han abierto un abanico de posibilidades para que se me condene por cualquier cosa, y me temo que pueda haber una condena por prevaricación culposa a más de seis meses de inhabilitación, con lo cual perdería el destino. Se conseguiría así lo que se persigue desde el principio, que es sacarme de Murcia.