Diputados de la Asamblea Nacional acusaron al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de violar la Constitución al emitir un decreto que autoriza la entrada a puertos del país de una flotilla de la Federación Rusa. En ella figuran el buque de guerra «Almirante Chabanenko», un destructor de sumergibles y 650 efectivos militares para participar en una visita de intercambio humanitario con la Marina de este país centroamericano.
Ortega ordenó publicar el decreto en el diario oficial «La Gaceta», lo que ha causado malestar en la oposición. Ésta considera que, según la ley, corresponde a la Asamblea la facultad de aprobar el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional.
El primer secretario de la Asamblea, Wilfredo Navarro, insistió en que el decreto de Ortega «es inconstitucional y aquí le corresponde al Ejército por ley salvaguardar la soberanía nacional». En un intento de impedir la violación de la soberanía, Navarro pidió a la Embajada rusa en Managua la retirada de la flota a aguas internacionales, en espera de que se tome una decisión final en el Parlamento. Según la Constitución, el tránsito o estacionamiento de naves, aeronaves y aparatos militares extranjeros «para fines humanitarios», deben ser solicitados por el Gobierno y ratificados por la Asamblea.
La parálisis del Parlamento
Ortega explicó, durante un acto de graduación de soldados del Ejército, que autorizó el ingreso de los buques rusos mediante decreto, por que la Asamblea está paralizada.
Desde noviembre el Parlamento se encuentra además paralizado porque la oposición denunció al Gobierno de cometer un fraude electoral en los comicios municipales e intentó introducir una iniciativa para anular esas elecciones. El diputado y líder de la oposición Eduardo Montealegre acusó al Gobierno de no enviar con anticipación a la Asamblea el permiso que se requiere para que la Armada rusa ingrese en aguas nacionales.
El presidente de la Corte Suprema, Manuel Martínez, calificó de «ilegal» la publicación del decreto y recordó que la Constitución no le confiere ese derecho y por eso «él (Ortega) es responsable de su acto ante la Asamblea, si se excediera en sus facultades».
