Tapia de Casariego. Hace dos mil años, los romanos escarbaron la tierra asturiana en busca de oro. Los kilos y kilos encontrados en el subsuelo financiaron grandes campañas bélicas con las que se adueñaron de medio mundo. Belmonte, Peña Furada o Salave fueron algunas de las explotaciones más ricas. Veinte siglos después, las casas del municipio de Tapia de Casariego cuelgan ahora carteles con el lema «Oro no».

La consigna esconde una auténtica lucha vecinal y política por evitar la reapertura de la mina en las conocidas como lagunas de Silva, situada a 100 metros del mar Cantábrico, en la parte occidental de la Comunidad. La zona tiene más valor para ellos que una explotación con grandísimos beneficios a corto plazo que, según consideran, sólo beneficiará a la empresa y dejará efectos medioambientales negativos con muy largo plazo.

La extracción y fundición del oro volvió al Principado hace una década. Hasta Sus Majestades los Reyes de España acudieron a la creación del primer lingote procedente de suelo español en Belmonte. Antes de que esta planta cerrara en 2006, la empresa Río Narcea Gold Mines difundió un proyecto de años de investigación para reabrir la mina de Salave, donde puede haber hasta 47 toneladas del valioso metal, que alcanzaría los 870 millones de euros en el mercado.

La sociedad privada se decidía así a sacar adelante una explotación que desde 1970 diversas compañías estudiaron con resultados muy positivos. El bajo precio del metal implicaba riesgos y las empresas no pasaron de las catas previas.

Río Narcea Gold Mines, más decidida a poner en marcha las excavadoras, arrancó la tramitación para crear un negocio con más de un centenar de personas contratadas en una zona de reducida actividad económica y donde las grandes empresas se cuentan con los dedos de una mano.

El rechazo vecinal apenas tardó unos días después de conocer sus intenciones y en apenas una semana, recogieron más de 5.000 firmas y crearon una plataforma. Se oponían a la explotación a cielo abierto con un cráter de un diámetro de 600 metros y una profundidad de 200.

El Ayuntamiento de Tapia de Casariego, grupos ecologistas y los habitantes de la zona dieron la voz de alarma y el Gobierno regional se encargó del alto. Rechazó el proyecto, basándose en estudios de la Consejería de Medio Ambiente, al considerar que el proyecto acarrearía daños irreparables de carácter medioambiental y paisajístico. Las lagunas de Silva son una zona protegida por el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (Pola) y por la Ley de Costas. La Administración podría aplicar el concepto de excepcionalidad, pero decidió no hacerlo.

Represalias

La decisión no cayó bien en manos de la empresa, que se apuró a adelantar que recurriría ante los tribunales la decisión. Exigía que, o el Principado revoca su decisión, o indemniza con unos 600 millones de euros por daños y perjuicios, según expuso entonces un responsable de la empresa. Se apoyaba en dos argumentos: la propiedad de los terrenos, considerados como de Interés Minero, y poseer la concesión para la explotación minera (un permiso concedido por el Estado). Su enfado no quedó ahí. El Consejo de Administración de Rio Narcea Gold Mines acordó en febrero de 2006 un plan de cierre de sus explotaciones abiertas entonces en Asturias, la del Valle-Boinás (Belmonte) y Carlés (Salas) alegando «razones técnicos-económicos», aunque en la decisión tuvo gran peso la negativa del Gobierno a autorizar los permisos de Salave.

Así, durante más de un año, la mina dejó de preocupar a los vecinos aunque el sol continuó desgastando los carteles de «Oro no» y sembrando interés en los turistas de la zona.

Hasta que se produjo un movimiento empresarial de importancia en abril de 2007: la compañía sueca Lundin Mining ofreció 600 millones de euros. La opa amistosa incluía, además de Salave y las oficinas del Principado, la explotación de Niquel y cobre de Aguablanca (Badajoz), el proyecto de oro de Tasiast, en Mauritania y la exploración de metales preciosos en España, Portugal y Mauritania. Al finan fue adquirida por 765 millones.

Con el caso aún en los tribunales, una empresa filial llamada Explotaciones Mineras del Cantábrico ha retomado sus intenciones de sacar oro de Salave. Actualmente tramita la construcción de una longitud de 1.300 metros cuadrados lineales en roca estéril, para luego iniciar una galería paralela al mineral con una longitud de 200 metros por el objeto de investigar de nuevo los recursos.