El Gobierno reconoce que el traspaso de la Justicia ha provocado «daños colaterales»

El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, aseguró a Efe en una entrevista que los traspasos de esta competencia a las comunidades autónomas han supuesto ventajas, si bien reconoce que «también inconvenientes, aunque el saldo es claramente favorable». A pesar de ello, admite que la transferencia «dificulta» la puesta en marcha de «grandes planes nacionales». Entre las ventajas, apuntó el hecho de que los usuarios tengan más cerca al responsable político en esta materia, que, a su vez, tiene «un conocimiento más completo» de las necesidades, aunque reconoció que en la Justicia «se han producido algunos daños colaterales que no conviene minimizar». Así, a su juicio, el más importante es «la consolidación de diferencias en procedimientos organizativos, informáticos y estadísticos», lo que ocurre también en otros servicios públicos, «que se resienten de estas diferencias».

«No nos vamos del todo»

Esta situación obliga a un mayor esfuerzo de coordinación y de lealtad institucional, según Pérez, quien dejó claro que el Gobierno de España «no se va del todo» a pesar de las transferencias, porque mantiene las competencias en «lo estructural». Una vez que se transfiera la Justicia a todas las comunidades autónomas, el Ministerio aún gestionará «lo que le corresponde», como las retribuciones de jueces, fiscales y otros funcionarios, el cuerpo de secretarios o las aplicaciones informáticas.

El secretario de Estado anunció que el próximo día 15 de esta mes se reunirá la Conferencia Sectorial de Justicia, un órgano que su Departamento intenta que sea «un lugar de encuentro» y de coordinación de iniciativas entre la administración central y las autonómicas. Ese día se tratarán, entre otros asuntos, la coordinación informática, las previsiones de crecimiento de la Planta Judicial en 2009 o la convocatoria de plazas de funcionarios judiciales.

Pérez destacó que ahora es «un momento estupendo» para afrontar cambios en la Administración de Justicia, al haber «concordia» entre las autonomías, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio, por lo que, según dijo, «pronto empezarán a notarse los resultados de esta armonía».

En cuanto a las transferencias, recordó que recientemente se han cerrado las de Aragón, Cantabria y Asturias, si bien reconoció problemas «diversos» para culminar el proceso con las seis comunidades que todavía no han asumido la competencia. En unos casos, según explicó, a las autonomías les parece que hay una insuficiencia de dotaciones que debe resolverse antes de las transferencias, y en otros, «parece que no quieren» y no sólo por razones presupuestarias, aunque Pérez no quiso desvelar qué comunidades plantean estas dificultades.

Demandas autonómicas

Otras -continuó- quieren la competencia, pero con una asignación presupuestaria complementaria «que es preciso discutir», mientras que algunas apuntan «problemas concretísimos».

Según datos recabados por Efe, La Rioja demanda un mejor Palacio de Justicia, Extremadura acaba de pedir el inicio del proceso y en Baleares la negociación está estancada debido a la dificultad de encontrar una ubicación para la nueva sede judicial de Ibiza. Murcia reivindica una mejora de los medios materiales antes de asumir las transferencias, en Castilla y León los problemas se refieren al coste del personal y en Castilla-La Mancha a las inversiones.

A pesar de esas diferencias, el Ministerio quiere culminar las transferencias «lo antes posible», si bien no oculta que la situación económica pueda retrasar el proceso, ya que algunas autonomías pueden entender que ahora no es el momento para hacerse cargo del servicio, porque «puede generar un gasto público mayor» a pesar de que la transferencia vaya «bien dotada».