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Zapatero desalojará a ANV de sus 43 alcaldías tras las elecciones vascas de marzo

Habló con Rajoy de ello en el avión que les llevó a la capilla ardiente de Uría. Para entonces, primavra de 2009, ya se habrá tramitado la reforma de la Ley de baes de Régimen Local

Zapatero desalojará a ANV de sus 43 alcaldías tras las elecciones vascas de marzo

Acción Nacionalista Vasca (ANV) será desalojada de las 43 alcaldías que gobierna en el País Vasco y Navarra, pero no ahora, sino en primavera. Las Cortes habrán tramitado entonces una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que impedirá ser alcalde o concejal de gobierno a los electos de un partido ilegalizado. El Ejecutivo ha accedido finalmente a perseguir a una ANV a la que permitió concurrir a las elecciones municipales de 2007, aunque garantizándose que no va a dar bazas al PNV con una acción inmediata de disolución. A tres meses de las elecciones vascas, el PSOE teme reeditar un frentismo como el de las elecciones vascas de 2001, que no sólo «empujó» voto batasuno hacia Juan José Ibarretxe. También asustó a votantes socialistas, que terminaron votando PNV.

Ayer, el Ejecutivo prefirió no aludir a estas razones políticas y centrarse en el aspecto técnico. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, justificó la reforma porque es «muy difícil» probar, por ejemplo, que los actos políticos y jurídicos del equipo de gobierno en el Ayuntamiento en Azpeitia han dado cobertura «de forma reiterada y grave» a ETA, como exige el artículo 61.2 de la ley para que intervenga el Consejo de Ministros previo visto bueno del Senado. Y así con los otros 42 consistorios y sus correspondientes reales decretos de disolución.

Fuentes gubernamentales recordaron que la Corporación de Azpeitia condenó este miércoles el atentado contra Ignacio Uría con los votos de PNV, EA y Aralar, aunque los concejales de ANV y el propio alcalde, Iñaki Errazkin, no lo hicieran. Y se preguntan si la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avalaría la disolución de ese Consistorio, en un eventual recurso de los afectados ante la misma.

De todo ello hablaron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy anteayer, jueves, en el avión de las Fuerzas Aéreas que trasladó a ambos desde Madrid al País Vasco para visitar la capilla ardiente de Ignacio Uría. La conversación, según diversas fuentes consultadas por ABC, fue «genérica» y sin entrar en el detalle de lo que será la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. El Ejecutivo cree que cuenta con el apoyo tácito de Rajoy y los populares, contrarios también a que el PNV se beneficie de un falso frentismo. Es significativo, en este sentido, que el líder del PP haya decidido mantener la pregunta sobre crisis económica a Zapatero en la sesión de control del miércoles próximo, y no cambiarla por ANV.

El PP insiste en su propuesta

Públicamente, los populares se apresuraron ayer a saludar el interés del Ejecutivo, aunque formalmente marquen distancias y sigan defendiendo que la actual Ley de Bases «permite dar pasos» para iniciar ya el desalojo de ANV de los 42 ayuntamientos, según dijo el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal. De hecho, el Grupo Popular mantendrá viva la Proposición no de ley (PNL) que ha presentado en el Congreso instando al Ejecutivo a aprobar «en el plazo más breve posible» un Real Decreto de disolución de todos los consistorios.

Además, los populares piden en esa PNL que la parte del fondo de 8.000 millones contra la crisis que corresponda a esos ayuntamientos sea gestionado por las diputaciones forales vascas y navarra, para impedir que la formación ilegalizada se beneficie. A esto respondieron la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y la propia De la Vega, con el argumento de que no se puede penalizar a los ciudadanos de Azpeitia por lo que sea o haga su alcalde.

De la Vega explicó que desde el primer al último euro que vaya a ese ayuntamiento «tiene nombre y apellidos», en referencia al hecho de que sólo se financian proyectos concretos y en los que trabajen personas paradas e inscritas en el INEM. De la Vega advirtió de que los que se «parapetan» en sus «actas de electos» y se «amparan con su ominoso silencio deben saber que el Gobierno no está dispuesto a seguir su juego».

La portavoz del Gobierno señaló que se va a actuar «en todos los frentes», y aunque la aplicación del artículo 61.2 sea difícil, se ha ordenado a la Abogacía del Estado que explore «todas las posibilidades que nos brinda la ley en estos momentos». No obstante, advirtió que el Estado tiene que ser «muy escrupuloso con el cumplimiento de las leyes para que nadie pueda burlar la Ley amparándose precisamente en ella».

María Teresa Fernández de la Vega recordó que, según doctrina del TC, la ilegalización de ANV decidida por el Tribunal Supremo en sentencia hecha pública en octubre pasado «no comporta disolución» de los ayuntamientos y los ediles de ANV conservarán su acta de concejal hasta el final de la legislatura, en junio de 2011, pase lo que pase.

La vicepresidenta primera concluyó su rueda de prensa lanzando un nuevo mensaje de apoyo a la continuidad de las obras del tren de alta velocidad (AVE) vasco. El Gobierno, dijo, «redobla» ahora más que nunca su compromiso con la conclusión de las obras del tren de alta velocidad porque «el progreso seguirá llegando a Euskadi, la tierra de Ignacio Uría, una tierra llena de futuro, de un futuro en libertad y libre del terrorismo».

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