SI el terrorismo de ETA sólo se sustentara en la actuación criminal de sus integrantes, hace tiempo que la acción policial habría acabado con esta organización terrorista. ETA habría tenido el mismo fin que la mayoría de sus homólogos violentos, como las Brigadas Rojas, la Baader Meinhof y otros grupos criminales de similar catadura. Hasta el IRA -se han cumplido ya diez años de los acuerdos de Viernes Santo- se ha visto obligado a abandonar la violencia sin haber conseguido políticamente más que una tímida autonomía para Irlanda del Norte, bajo soberanía de Gran Bretaña y con el control directo del Gobierno de Londres. Incluso contando con esa bolsa de votantes contumaces del entramado batasuno, ETA podría estar ya derrotada, y siempre que desde el Estado no se hubieran cometido torpes intentos de negociación política. Pero ETA perdura más de lo razonable porque su terrorismo encuentra el apoyo eficaz y decisivo del silencio cómplice y cobarde de una parte de la sociedad vasca que, aunque no vote las listas de ETA y no comparta su violencia, es incapaz de rebelarse por pura dignidad contra la dictadura del miedo. Pocos minutos después del asesinato de Ignacio Uría, los vecinos ocultaban su rostro o emitían lamentos tan vagos que hacían dudar de si la muerte de este empresario había sido accidental o a tiros; o directamente seguían en sus actividades de ocio como si nada relevante hubiera sucedido. Y, en efecto, esto es lo que aparenta la narcotización de la sociedad vasca ante el terrorismo, que las muertes que causa ETA están ya asimiladas de antemano con un pacto de silencio y de encubrimiento sociales. El problema es que hay una parte de los ciudadanos vascos que está dispuesta a convivir con ETA.

La normalización de su violencia es el principal aliado de los terroristas -y la coartada histórica del nacionalismo para rentabilizar el «conflicto»-, porque inhibe la capacidad moral de la sociedad vasca para darse cuenta de que esta situación de derechos y libertades violados constantemente es intolerable. Ahora, junto a la enésima invocación de la eficacia policial y la fuerza de la ley para acabar con ETA, y si realmente existe voluntad de cambiar las cosas, hay que aspirar a una clara inversión de la tendencia histórica del País Vasco, dominada por la eficacia del terror, la estafa victimista del nacionalismo y por el desistimiento de quienes, sin ser nacionalistas, sólo pretenden parecerse a estos o convertirse en sus complementos. Basta analizar la hipócrita decisión de Eusko Alkartasuna y de Aralar de romper la coalición de gobierno municipal con ANV en Azpeitia para comprobar hasta qué punto la relación del nacionalismo vasco con ETA y sus testaferros carece de sentido ético y se somete a simples cálculos de conveniencia táctica.

Es cierto que el País Vasco necesita un cambio político, pero no es el que reclama el PNV para aprovecharse nuevamente del terror de ETA, sino el que permita poner a prueba en la sociedad vasca una alternativa no nacionalista. Muchos de los terroristas que están en las filas de ETA no han conocido otra cosa que gobiernos nacionalistas, educación nacionalista, cultura nacionalista y una democracia tan generosa que hasta 2002 no empezó a depurarse con la ilegalización de partidos terroristas. El vivero de ETA es hoy el miedo de la sociedad vasca y las limitaciones que el nacionalismo impone a los ciudadanos vascos, con desastrosas consecuencias en la calidad moral y democrática del conjunto de la sociedad. Por eso es necesario que los partidos no nacionalistas ambicionen algo más que disputar al PNV, en el mejor de los casos, el gobierno de la comunidad autónoma y compartan el objetivo de instaurar definitivamente el sistema democrático en el País Vasco, con sus principios y valores, porque después de treinta años de vigencia de la Constitución el régimen de libertades y derechos que establece es una utopía para miles de ciudadanos perseguidos.