La administración municipal de Valsequillo en manos del nacionalista Francisco Sánchez Robayna incurrió en más de veinte irregularidades en el periodo 2003-2005, según el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias que llegó ayer al Parlamento de Canarias de la mano de su presidente, Rafael Medina Jáber.
Entre las muchas acciones que no se ajustan a derecho, el informe que presentó Medina Jáber detalla la falta de control interno, de inventario de bienes actualizado, reconocimiento de obligaciones sin crédito presupuestario, categorías profesionales que no se contemplaban en el Convenio Colectivo o carencia de documentos para expedientes de contratación.
El Ayuntamiento de Valsequillo no dispone, en el período analizado de ningún mecanismo de registro y control de sus liquidaciones tributarias. Por ello, «no es posible obtener una seguridad razonable sobre la realidad de los saldos pendientes de cobro, ni emitir un juicio sobre éstos», reza el informe.
Cabe recordar que el municipio grancanario se encontraba por entonces gobernado por Sánchez Robayna, que había sido elegido por la lista de Asociación de Barrios, de filiación nacionalista y que de ser cercana a Coalición Canaria, pasó a ser parte de Nueva Canarias.
La institución, según el informe de la Audiencia, «no ha aportado» la relación de transferencias y subvenciones concedidas durante el ejercicio 2003, comprensiva, entre otros, de los datos referentes al perceptor, importe, fecha y finalidad.
Entre las más llamativas menciones consta la inexistencia absoluta de inventario de bienes, ni actualizado ni formalmente aprobado. En consecuencia -dice el texto- la valoración de los activos inmovilizados que figura en el balance no ha podido ser objeto de adecuada comprobación. La Corporación, por otra parte, «no efectuó la dotación correspondiente a las amortizaciones del inmovilizado material, ni consta que el Pleno fijara los criterios para su dotación».
El Ayuntamiento tampoco dispuso, en el ejercicio fiscalizado, de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), exigida en el artículo 16 de la Ley de Reforma de la Función Pública, ni de un catálogo de puestos.
Aguas de Telde
En cuanto a la gestión de Aguas de Telde, ya el informe asegura que la Corporación «reguló mediante ordenanza fiscal la tasa por suministro y abastecimiento de agua potable, así como la del servicio de alcantarillado, saneamiento y depuración, que fueron gestionados por la sociedad mercantil Aguas de Telde, cuyos ingresos se integraron como recursos propios del gestor del servicio» o que «la gestión recaudatoria de la tasa por el servicio de basura estuvo atribuida a la sociedad mercantil Aguas de Telde, cuyos ingresos transfería con posterioridad al Ayuntamiento».