N.C.

MADRID. «No hay ninguna razón ni fundamento legal» para que el Tribunal Supremo abra una investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo. Es la respuesta que la Sala Segunda ha dado al escrito en el que Carmen Negrín, nieta del que fuera presidente de la II República Juan Negrín, reclamaba al alto Tribunal que asumiera la causa iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La providencia, fechada el 26 de noviembre, cita varios textos legales así como la Constitución para concluir que el Supremo no puede asumir la competencia de esa causa.

La Sala Segunda puede instruir procesos penales contra diputados, senadores, presidente del Gobierno, de las Cortes, del CGPJ, presidente y magistrados del Constitucional, Supremo, Audiencia Nacional y tribunales superiores, fiscal general del Estado, fiscales de Sala, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado y defensor del pueblo. Pero en este caso no puede declararse competente porque no consta que ninguna de las personas que participaron en los hechos denunciados «desempeñe en la actualidad alguno de los cargos mencionados» ni que «alguna de las personas que actualmente los desempeñan en los diferentes ámbitos del Estado, interviniera o participara» en ellos.