La campaña de presión emprendida por la «izquierda abertzale» y, sobre todo, la amenaza de ETA contra la construcción de la red ferroviara vasca «Y» para el Tren de Alta Velocidad (TAV) provocó el abandono el año pasado de una de las empresas implicadas en las obras, Excavaciones Ugarte S.L., que decidió desvincularse del proyecto al no poder soportar el acoso.

Esta empresa, con sede en Irún, fue subcontratada por Altuna y Uría para ejecutar todas las excavaciones y movimientos de tierra en el tramo de la red ferroviaria actualmente en construcción, que abarca los municipios alaveses de Legutiano, Arrazua y Ubarrundia, y que próximamente se iban a extender a Urbina, también en Álava. Se da la circunstancia de que Altuna y Uría integraron, junto a otras cuatro empresas, una Unión Temporal encargada de construir la autovía de Leizarán que une Guipúzcoa con Navarra. Aquella Unión de Empresas también estuvo en el punto de mira de las pistolas, por lo que sus responsables decidieron entonces no comenzar las obras hasta que ETA anunciara que retiraba las amenazas. Al final, el Gobierno vasco negoció con Batasuna la modificación del trazado de la autovía exigida por ETA, que sólo por esta cesión al chantaje dejó de poner al proyecto en su punto de mira. De esta forma, Altuna, Uría y demás empresas comenzaron los trabajos en «libertad vigilada».

Trabajadores hostigados

La historia se repite. Excavaciones Ugarte S.L. recibió presiones y amenazas en forma de concentraciones ante sus oficinas, pintadas en sus fachadas y hostigamiento a directivos y empleados. La gota que colmó el vaso fue una concentración que varias decenas de activistas llevaron a cabo a las puertas de la factoría, para «denunciar públicamente» su implicación en «esta destructiva infraestructura tan contestada por la sociedad vasca». Miembros de la denominada Asamblea contra el Tren de Alta velocidad (AHT), movimiento controlado por Batasuna que instiga esta campaña de hostigamiento, aprovechó el acto intimidatorio para extender las amenazas a los propios trabajadores, a los que exigió, mediante un escrito entregado en mano, «que paralicen las obras y respeten la voluntad contraria al TAV expresada mediante consultas populares. Exigimos a los trabajadores que dejen de colaborar con la imposición de este macro-proyecto que están ejecutando a espaldas del pueblo, ignorando radicalmente la opinión de la comunidad afectada».

Y tras la amenaza, los proetarras recurrieron al chantaje mafioso de, o claudicas, o te atiendes a alas consecuencias, al advertir de que si no se detienen las obras seguirán «fomentando la lucha y la respuesta popular contra la imposición de este proyecto desarrollista».

La concentración coactiva fue seguida de algunas pintadas en las que aparecía el nombre de algún dirigente o empleado, junto a la palabra «cipayo», término que tradicionalmente ETA-Batasuna dedica a la Ertzaintza en su pretensión de acusarle de «colaboracionista» con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Estas últimas amenazas, a diferencia de otras recibidas antes, surgían casi dos meses después de que ETA rompiera la tregua. Además, tal y como adelantó ABC el pasado 22 de octubre, documentos hallados recientemente en poder de la banda confirman que el TAV está en el punto de mira de la banda de «Ternera».

Chantaje admitido

Todo ello llevó a los directivos de la empresa a comunicar al Gobierno vasco su decisión irrevocable de rescindir el contrato. Los instigadores de esta campaña de presión no se debieron enterar, porque persistieron en el acoso. Así pues, el 20 de noviembre de 2007, a través de medios «abertzales», la dirección de Excavaciones Ugarte comunicó oficialmente a las bases proetarras su completa y definitiva desvinculación de las obras. En la nota, la empresa reconoce que se ha plegado a un chantaje, al dejar «muy claro» que, si bien «es cierto que se colaboró en un tramo alavés del Tren de Alta Velocidad», «a raíz de la manifestación del pasado 23 de agosto 2007 en nuestras instalaciones de Irún por parte de la Coordinadora anti TAV, cesó toda nuestra actividad relacionada con dichas obras». La dirección deja «muy claro» que «posteriormente y hasta la fecha no se ha vuelto a trabajar para ningún tramo del TAV». «Por tanto —concluía en su petición de clemencia— solicitamos inmediatamente que cese toda campaña de comunicación y acoso contra Excavaciones Ugarte S.L., por ser totalmente falsa y difamatoria, amén del perjuicio que pudiera crear para el resto de la actividad de la sociedad y de sus muchos empleados».