La empresa Altuna y Uria, frente a la que fue tiroteado en Azpeitia (Gipuzkoa) el constructor Ignacio Uria Mendizabal, de 43 años de edad, participa en las obras del TAV.

La compañía fue saboteada ya el pasado 16 de marzo de 2007. Varios vehículos aparecieron con las ruedas pinchadas, pintadas y los tubos de escape tapados.

Altuna y Uría recibió la adjudicación por parte de la entidad pública Euskal Trenbide Sarea en septiembre para hacerse cargo de las obras de desdoblamiento del Topo entre Loiola y Herrera. El montante total de la obra es de 60,1 millones de euros.

La actuación permitirán duplicar las frecuencias de los trenes, ya que la doble vía no hará necesario que las distintas unidades del Topo tengan que esperar para darse paso en el túnel que conecta Loiola con Herrera.

Los trabajos incluirían la construcción de una nueva estación en Intxaurrondo, así como la reforma de la estación de Herrera. Ambas paradas estarán dotadas de varias bocas de acceso y equipadas con escaleras mecánicas y ascensores para garantizar la accesibilidad de todas las personas.

Excavaciones Ugarte S.L, se desvinculó el año pasado de la obraLa campaña de presión emprendida por la «izquierda abertzale» y, sobre todo, la amenaza de ETA contra la construcción de la red ferroviara vasca «Y» para el Tren de Alta Velocidad (TAV) provocó el abandono el año pasado de una de las empresas implicadas en las obras, Excavaciones Ugarte S.L., que decidió desvincularse del proyecto al no poder soportar el acoso.

Esta empresa, con sede en Irún, fue subcontratada por Altuna y Uría para ejecutar todas las excavaciones y movimientos de tierra en el tramo de la red ferroviaria actualmente en construcción, que abarca los municipios alaveses de Legutiano, Arrazua y Ubarrundia, y que próximamente se iban a extender a Urbina, también en Álava. Se da la circunstancia de que Altuna y Uría integraron, junto a otras cuatro empresas, una Unión Temporal encargada de construir la autovía de Leizarán que une Guipúzcoa con Navarra. Aquella Unión de Empresas también estuvo en el punto de mira de las pistolas, por lo que sus responsables decidieron entonces no comenzar las obras hasta que ETA anunciara que retiraba las amenazas. Al final, el Gobierno vasco negoció con Batasuna la modificación del trazado de la autovía exigida por ETA, que sólo por esta cesión al chantaje dejó de poner al proyecto en su punto de mira. De esta forma, Altuna, Uría y demás empresas comenzaron los trabajos en «libertad vigilada».

Trabajadores hostigados

La historia se repite. Excavaciones Ugarte S.L. recibió presiones y amenazas en forma de concentraciones ante sus oficinas, pintadas en sus fachadas y hostigamiento a directivos y empleados. La gota que colmó el vaso fue una concentración que varias decenas de activistas llevaron a cabo a las puertas de la factoría, para «denunciar públicamente» su implicación en «esta destructiva infraestructura tan contestada por la sociedad vasca». Miembros de la denominada Asamblea contra el Tren de Alta velocidad (AHT), movimiento controlado por Batasuna que instiga esta campaña de hostigamiento, aprovechó el acto intimidatorio para extender las amenazas a los propios trabajadores, a los que exigió, mediante un escrito entregado en mano, «que paralicen las obras y respeten la voluntad contraria al TAV expresada mediante consultas populares. Exigimos a los trabajadores que dejen de colaborar con la imposición de este macro-proyecto que están ejecutando a espaldas del pueblo, ignorando radicalmente la opinión de la comunidad afectada».

Y tras la amenaza, los proetarras recurrieron al chantaje mafioso de, o claudicas, o te atiendes a alas consecuencias, al advertir de que si no se detienen las obras seguirán «fomentando la lucha y la respuesta popular contra la imposición de este proyecto desarrollista».