F. HERAS

El Sabinar de Calatañazor. en Soria, declarado Reserva Natural

H. DÍAZ

VALLADOLID.Garantizar la conservación y el fomento del patrimonio forestal de la región. Éste es el principal objetivo que persigue la futura Ley de Montes, cuyo anteproyecto ha sido presentado recientemente en las Cortes tras su aprobación en Consejo de Gobierno el pasado mes de octubre.

La nueva normativa pretende adaptar la Ley básica nacional,que data de 2003 pero que fue posteriormente modificada en 2006. Para ello se ha propuesto como eje básico trabajar en el fomento de una gestión forestal sostenible que el Gobierno regional entiende como «el aprovechamiento y uso de los montes de forma que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender ahora y en el futuro, sus funciones ecológicas, económicas y sociales». Con el fin de que el monte se convierta en un motor de desarrollo rural fija, entre sus principales novedades, según explicó la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, durante su presentación, la creación del «monte protegido», una figura con la que se quiere dar un tratamiento especial a aquellos montes de la Comunidad que tienen determinadas características medioambientales que requieren una conservación especial y que están catalogados por su riqueza forestal.

Los montes de Castilla y León atesoran aproximadamente 154 millones de metros cúbicos, lo que supone el 26 por ciento de las existencias de toda España. Destacan en ellos, entre otros aprovechamientos, la recolecta de piñones y castañas, cuya producción anual supera las tres mil toneladas, respectivamente, mientras que en el caso de las setas alcanza las 15.800, según los datos que maneja la Consejería de Medio Ambiente y que a la vez se traduce, sólo en el caso del sector micológico, en el creación de unos 15.000 puestos de trabajo directos estacionales, lo que da cuenta de la importancia del sector forestal en el desarrollo rural. Otras de las novedades que pretende introducir la futura normativa son la puesta en marcha de un Fondo Forestal de Castilla y León y la creación del Consejo de Montes. Este último se tratará de un órgano de consulta de la Administración regional, cuyo contenido se desarrollará mediante un reglamento tras la aprobación de la ley. Asimismo se pretende la modificación del porcentaje derivado de subastas y cortas, que pasará del 15 al 20 por ciento para las instituciones, de manera que se destinen a inversiones directas en los montes -en este momento, el titular de los montes percibe un 85 por ciento y el resto se destina a ayuntamientos y la Junta-. Un incremento del porcentaje con el que está de acuerdo el Grupo Socialista en las Cortes, que sin embargo reclama «más participación «en calidad y cantidad» a los consistorios propietarios de montes de tal forma que la ley les permita decidir en qué repercutir ese dinero procedente de los recursos forestales.

El proyecto de ley de Montes se estructura en una exposición de motivos, siete títulos desarrollados en 125 artículos, diez disposiciones adicionales y una transitoria, donde, entre otras cosas, se recogen el concepto básico de montes, la defensa y consolidación de la propiedad pública, la planificación, el régimen aplicable a los aprovechamientos, el régimen de conservación y protección y el fomento de los montes de utilidad pública.