Castilla y León recurre la sentencia contra los crucifijos

Lo hizo además mostrando fotografías del presidente del Gobierno, de la vicepresidenta y hasta del ministro de Justicia. En ellas, José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Mariano Bermejo aparecen jurando o prometiendo sus cargos, hace tan sólo unos meses, delante de un crucifijo.

La presencia de este símbolo religioso en la mesa del Palacio de la Zarzuela es uno de los argumentos esgrimidos por la Junta de Castilla y León para recurrir la sentencia. «Si su presencia vulnera la Constitución, la vulnera para todos», subrayó De Santiago-Juárez, quien pidió que «alguien tendrá que explicar si son de distinta naturaleza constitucional a la hora de mantener un crucifijo las paredes de las aulas de un colegio, de los edificios judiciales o la mesa donde jura o promete su cargo el presidente del Gobierno».

Además, el consejero portavoz cuestionó que, después de treinta años de democracia, tanto instituciones escolares como las distintas administraciones educativas de gobiernos de diferente signo político «hayamos alentado, provocado o consentido una vulneración continuada de derechos y libertades constitucionales». «¿Llevamos treinta años vulnerando la Constitución y nos enteramos ahora?», ironizó.

En su argumentación, la Junta mantiene que «no puede compartir» con la sentencia, que la presencia de crucifijos «vulnere algunos derechos fundamentales y libertades públicas que consagra nuestra Constitución».

El consejero portavoz insistió en que «la Junta respeta, pero no comparte» el fallo judicial, por lo que, como órgano competente, presentará el recurso ante el TSJ de Castilla y León, a la vez que afirmó que «nosotros no hemos judicializado este asunto».

Con el recurso, la Junta pretende, además, obtener «un mismo criterio» a aplicar en este asunto en todos los colegios de la Comunidad ya que, aunque en la mayoría este asunto se ha resuelto dentro de los consejos escolares, todavía hay algún centro más pendiente de resolución judicial «y puede ser totalmente opuesta».

Decisión de los consejos

Otro de los argumentos esgrimidos para finalmente recurrir la sentencia es que el fallo va «contra un acuerdo del consejo escolar del colegio público Macías Picavea». En este sentido, José Antonio de Santiago-Juárez reiteró que éste es «un órgano de gobierno, no consultivo o de participación» y el Gobierno autonómico «siempre ha sido respetuoso con sus decisiones». Al respecto, recordó que una sentencia de septiembre de 2007 «deja meridianamente claro» que corresponde a los consejoz decidir si se mantienen los crucifijos.