El Gobierno tailandés negocia con la oposición, que luchará «hasta la muerte»

Aunque el Ejecutivo ya ha decretado el Estado de emergencia en ambos recintos para que la Policía expulse a los opositores, de momento no ha dado luz verde a dicha operación y ha optado por seguir negociando.

“Primero la Policía abrirá conversaciones con los manifestantes. Si se niegan a marcharse, los agentes harán todo lo necesario para abrir los aeropuertos cuanto antes de manera pacífica y no violenta”, aseguró a la agencia AP el portavoz del Gobierno, Nattawut Sai-Kau.

Para empezar, la Policía negociará con los 2.500 opositores que han tomado el control del aeropuerto doméstico de Don Muang, donde el Ejecutivo también había montado sus oficinas después de que miles de manifestantes ocuparan a finales de agosto la Casa del Gobierno en Bangkok. Mientras tanto, otras 4.000 personas permanecen atrincheradas en el aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, donde reina un ambiente de fiesta pero alrededor del cual han instalado alambradas y barreras para impedir la entrada de varios cientos de agentes antidisturbios que, armados con escudos y gases lacrimógenos, aguardan la orden de asalto final.

“El primer ministro ha insistido en que evitemos los enfrentamientos y no causemos daños. Empezaremos con métodos suaves e iremos moviéndonos hacia la última medida, que es dispersar a los manifestantes”, indicó el jefe de la Policía de Bangkok, el teniente general Suchart Maunkaew, antes de explicar que los agentes pedirán a la oposición con altavoces y octavillas que salgan del aeropuerto y no se conviertan en escudos humanos.

Pero no parece que los manifestantes, partidarios de la denominada Alianza Popular por la Democracia (APD), tengan la misma voluntad negociadora. “No tenemos miedo. Lucharemos hasta muerte, no nos rendiremos y estamos preparados”, alentó a la turbamulta concentrada en Don Muang uno de los cabecillas del movimiento, Somsak Kosaisuk.

Por su parte, otra de las máximas figuras de la APD, el general retirado Chamlong Srimuang, reconoció que un alto cargo del Gobierno le había telefoneado pidiéndole que detuviera las movilizaciones por el daño económico que estaban causando al país, pero éste insistió en que la presión de la oposición no cesará hasta que dimita el primer ministro.

Según las estimaciones de expertos citados por el diario “Bangkok Post”, las pérdidas económicas por el cierre de los aeropuertos estarán cifradas entre 134.000 y 215.000 millones de bahts (entre 2.914 y 4.728 millones de euros) si la parálisis continúa hasta diciembre. De hecho, el perjuicio para la industria del turismo de congresos ya es de unos 11.000 millones de bahts (244 millones de euros).

En plena temporada alta antes de Navidad, la ocupación del aeropuerto internacional de Bangkok supone un duro golpe al turismo en Tailandia, que representa un 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional al generar 12.450 millones de euros al año. La mayor parte de ese dinero entra a través del aeródromo de Suvarnabhumi, que recibe 40 millones de viajeros anuales y por el que pasan cada día 700 vuelos. Junto a Singapur y Hong Kong, la capital tailandesa es uno de los centros neurálgicos del transporte aéreo en Asia, por lo que miles de pasajeros se han quedado atrapados sin poder volver a sus hogares.

Para agilizar sus regresos, algunas compañías aéreas están utilizando la base naval de U-Tapao, a 190 kilómetros de Bangkok, con el fin de evacuarlos del país. Pero estas instalaciones militares de una sola pista, construidas durante la Guerra de Vietnam, son tan antiguas y está tan mal dotadas tecnológicamente que sólo pueden recibir 40 aviones cada día.

Debido al caos reinante, la imagen internacional de Tailandia ha quedado notablemente dañada y el Gobierno ha recibido severas críticas por su incapacidad para imponer el orden. En las actuales condiciones, pocos creen que el hasta ahora conocido como “país de la sonrisa” sea capaz de organizar el próximo mes diciembre la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), que tenía previsto celebrarse en Chiang Mai.

En dicha ciudad del norte del país, enclavada en el Triángulo de Oro de la heroína que forma el río Mekong en las fronteras de Tailandia, Laos y Birmania, se ha tenido que refugiar el Gobierno después de que el primer ministro Somchai regresara esta semana de la cumbre de APEC en Lima.

“Como hay todavía tensiones entre el Gobierno y el Ejército, el primer ministro permanecerá indefinidamente en Chiang Mai por su seguridad”, admitió el portavoz del Ejecutivo, que ha destituido al jefe nacional de la Policía, el general Pacharawat Wongsuwan, por su incapacidad para impedir la toma de los aeropuertos por parte de los manifestantes.

En este largo conflicto que estalló en mayo, la Alianza Popular por la Democracia (APD) intenta derribar al Ejecutivo elegido en los comicios celebrados en diciembre del año pasado. La oposición, partidaria del venerado rey Bhumibol y apoyada por la oligarquía del país y la clase media urbana, denuncia que el Gobierno sigue dirigido por el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, cuñado del actual jefe del gabinete. Este multimillonario, que empezó como policía pero hizo fortuna con las telecomunicaciones, fue depuesto en un golpe de Estado incruento en septiembre de 2006 y acaba de ser condenado por corrupción tras huir del país en verano.

Sin embargo, la oposición también está dirigida por hombres de negocios con oscuros intereses en la política, como el antiguo magnate de los medios de comunicación Sondhi Limtongkul, quien al principio apoyaba a Thaksin y luego propició su caída. Argumentando que éste ganó las elecciones comprando los votos de los campesinos en el paupérrimo mundo rural, la elitista APD propugna acabar con la democracia en Tailandia y que sólo un 30 por ciento del Parlamento sea elegido mediante consulta popular y que el resto sea nombrado directamente.

En realidad, lo que está en juego en Tailandia es el poder que se disputan la clase alta y media de las ciudades y el mundo rural, bastión electoral del ex primer ministro Thaksin. Aunque su formación política, el partido “Thai Rak Thai” (“Los tailandeses aman lo tailandés”), fue ilegalizado por el Tribunal Constitucional por violar las leyes electorales, sus seguidores formaron el Partido del Poder Popular (PPP) y volvieron a ganar en los comicios que tuvieron lugar en diciembre de 2007 tras un año bajo el gobierno de una Junta militar.

En medio de esta lucha de clases por el poder, sólo el reverenciado rey Bhumibol Adulyadej y el Ejército pueden romper la baraja y acabar con la parálisis que sufre el país. Pero el primero, el monarca más veterano del mundo a sus 80 años, sigue guardando silencio y los militares, que en realidad apoyan a la oposición, han mostrado una actitud bastante ambigua y rechazan emplear la fuerza contra los manifestantes. En una extraña “sugerencia” que más bien suena a ultimátum, el comandante en jefe del Ejército, el influyente general Anupong Paochinda, ha recomendado al Gobierno que disuelva el Parlamento y convoque elecciones, pero la verdad es que todo el mundo está esperando que lleve a cabo un golpe de Estado que se sumaría a las 18 asonadas militares que ha vivido Tailandia desde el fin de la monarquía absolutista en 1932.