El Gobierno escudriña la legislación en busca de ases que le permitan examinar y, frenar si se tercia, la compra del 20% de Repsol por parte del grupo ruso Lukoil. Según ha podido saber ABC, el Ministerio de Industria se está «informando» con «actitud pasiva» de las opciones que ofrece la actual normativa y ha encontrado en el almacenamiento subterráneo de gas denominado «Gaviota», en Vizcaya, un as que guardarse en la manga por si el planteamiento final de la transacción atentara contra la seguridad de suministro del país.

La teoría es sencilla. El emplazamiento pertenece en propiedad a Repsol y tiene, desde 2007, la consideración de «activo estratégico» para el país. El Gobierno le otorgó este título al utilizar su explotación como almacenamiento, después de que se hubiera quedado agotado el gas que alojaba como yacimiento. La concesión de este título «especial» se produjo, así, después de que Sacyr hubiera desembarcado en el capital de la petrolera. La gestión de «Gaviota» recae en manos de Enagás, pero el título de propiedad de Repsol podría amparar que el Gobierno pidiera el análisis de la operación con el objetivo de imponer condiciones dirigidas a asegurar el suministro. La puesta en práctica puede ser, no obstante, espinosa.

Coste político

El Tribunal de Luxemburgo ordenó en julio la derogación de la función 14 de la Comisión Nacional de Energía, la única que la faculta para revisar las operaciones cuando es un actor extranjero el que desembarca en el capital de empresas españolas. La normativa no ha sido derogada aún por el Gobierno español pero, está por ver si el Ejecutivo está dispuesto a asumir el coste político que conllevaría su aplicación.

Junto a «Gaviota», el Ministerio de Industria también analiza la influencia de las actividades «sujetas a intervención adminsitrativa» que Repsol realiza en España, como sus negocios de gas canalizado y gas butano y, con especial énfasis, la posesión de reservas estratégicas de petróleo.

El Ministerio que dirige Miguel Sebastián también analiza si, llegado el caso, el Gobierno podría señalar la vinculación de Repsol con Gas Natural, de la que controla el 30,8%, en aras de proteger la seguridad del suministro energético del país. Gas Natural, ahora en pleno proceso de concentración con Unión Fenosa, tiene presencia en el sector de las actividades reguladas, si bien el examen de la operación por esta alegación sólo podría justificarse con la aplicación de la problemática función 14.

No al dinero público

Repsol, sujeto «a priori» pasivo en esta historia, echó ayer por la mañana una mano al grupo ruso en un intento de rebajar la oposición política y social que ha recibido su oferta. Durante su intervención en el Foro España Innova y en presencia de la ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, el presidente del grupo petrolero, Antonio Brufau, advirtió de que «no todo el mundo es malo o bueno por su procedencia ni todo el mundo es bueno por su procedencia», en clara alusión al origen ruso no deseado de Lukoil y las nacionalidades comunitarias entre las que el Gobierno le busca un nuevo novio.

Brufau aseguró que nadie puede alcanzar el control de un grupo con el 29,9% de su capital y que, si algún socio industrial -como es Lukoil-, lo intenta en Repsol, no podrá entrar en su consejo dado su carácter de «competidor». Es por ello que el nuevo accionista que llegue a la petrolera «tendrá todo el derecho a pagar lo que quiera al accionista que le venda». Sus condiciones de que Repsol siga siendo un grupo privado, independiente y con el centro de decisión en España quedarían respetadas, así, por Lukoil que, según se desprende del discurso de Brufau, no viene a mandar.

Tras este «tranquilizador» mensaje, el presidente de la petrolera remató señalando el despropósito que conllevaría la entrada de dinero público en Repsol, refiriéndose a la barajada intervención de las estatales ICO o SEPI. La operación, así, «se sigue enfriando con posibilidades de volver a calentarse», según describía ayer certeramente una fuente cercana a las negociaciones.