Las distintas asociaciones y patronales del sector constructor siguen mostrando su disconformidad con las medidas -por escasas- que hasta ahora ha tomado el Gobierno para reactivar un sector tan clave para la economía española como para representar el 11% del PIB de forma directa y el 7,6% adicional de forma inducida, y se han lanzado a un proceso de propuestas de nuevas medidas.
En la Comisión de Vivienda del Congreso, José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce) insistió en la necesidad de un auténtico plan para que la vivienda salga del atolladero en que se encuentra y que ha llevado a que «en algunos sectores de rentas se ha expulsado literalmente a la demanda», según denunció.
Ante la situación creada por la paralización del mercado y asumiendo que los altos precios y el cierre del grifo del crédito por parte de bancos y cajas son las causas de la actual situación, Galindo expuso a los diputados que lo más urgente es tomar medidas para absorber el stock existente, que cifró en 588.000 a finales de este año, ya que «sin que se vendan estas viviendas no se generará actividad», explicó.
El presidente de la Apce insistió en la necesidad de que el Fondo de Adquisición de Activos Financieros destine parte de sus recursos a la compra de activos inmobiliarios y añadió una batería de medidas a considerar, desde la implantación temporal de un IVA superreducido del 4% a actualizar la deducción fiscal, bien ampliando su límite o su porcentaje.
Por su parte, la Confederación Nacional de la Construcción incidió en la otra parte del problema, que no es otro que las crecientes dificultades de cobro en la cadena de valor añadido de la construcción, cuyas empresas ya no pueden descontar efectos, no encuentran financiación y se encuentran con plazos de pago cada vez más dilatados por parte de las Administraciones Públicas.
Ante esta situación, sugirió que «se podría actuar a través de avales comerciales del ICO para las empresas que ejecutan obra para clientes solventes, como pueden ser las Administraciones Públicas», al tiempo que pidió más obra pública porque «resulta más conveniente financiar actividad que subsidiar desempleo».
