No hubo ayer abrazos compartidos ni manos entrelazadas en la llegada de Vanesa de las Heras y Susana Meseguer a los juzgados. Estas dos mujeres, madres de Candela, la niña cuya adopción trató presuntamente de retardar el juez Fernando Ferrín Calamita, actuaron con gran naturalidad, pese al remolino de expectación que levantan a su paso. Sus sentimientos, ante el proceso, los reservaron para el interior de la sala. Allí describieron «la angustia e indefensión» que sufrieron a lo largo de los dos años que su expediente quedó estancado en la mesa del conocido magistrado. Vanesa llegó incluso a derramar algunas lágrimas ante el juez al ser cuestionada sobre los sufrimientos que esta situación había traído a su familia y a la de Susana. «Llegamos a pensar que el juez nos podía quitar a nuestra hija», coincidieron ambas.
Calamita decidió ayer hacer uso de su derecho como jurista y abandonó el banquillo. Tras colocarse su toga, el juez escuchó a las mujeres sentado junto a su letrado, en el estrado. «Mi cliente dice que si hubiesen ido a hablar con él, les hubiese explicado lo que pasaba», relató ayer el abogado, Javier María Pérez Roldán: «Sinceramente, en Murcia, el juzgado de Calamita es conocido porque siempre que vas puedes hablar con el juez».
Esta teoría no coincide con la versión de las dos mujeres y su anterior letrada, Monserrat del Baño, que afirman que «nunca recibimos información alguna del proceso que se seguía en el juzgado». La abogada aseguró ayer que se había dirigido «en múltiples ocasiones» al juzgado de Calamita para interesarse por el proceso y que nunca encontró respuesta.
Una de las funcionarias de este órgano reconoció ayer la insistencia de la letrada. Mientras tanto, al buzón del matrimonio sólo llegaban cartas en las que se las citaba para exámenes donde poner a prueba su idoneidad para criar a Candela. Conocer la autoría de esas citaciones y providencias es uno de los objetos que persigue este proceso.
Susana y Vanesa dieron ayer rendidas cuentas ante el juez de los múltiples exámenes que tuvieron que aguantar para que la adopción llegase a su fin. «Nos encontrábamos desamparadas al ver que un juez podía pedir y pedir cuando no hacía falta», relató Vanesa. «En el primer momento en que, como madre biológica, solicitaron que fuera examinada, sentí una injusticia que no sé explicar con palabras», comentó Susana; «me sentí un ciudadano de segunda clase».
En la jornada de ayer, en la que declararon todos los testigos, comparecieron además diversos profesionales, trabajadores sociales y psicólogos, del gabinete psicosocial de la Comunidad. Todos coincidieron en la normalidad que rodeaba a la pequeña Candela y en las «poco usuales» peticiones que el juez Calamita les realizaba. «Alguna vez hemos hablado sobre si las familias homosexuales podían influir a los niños», aseguró ayer una psicóloga, «y su opinión siempre era contraria a éstos». Estos técnicos coincidieron también en señalar el «conflicto ético» que suponía contestar a algunas de las preguntas planteadas por el juez.
