El PSOE da marcha atrás en su intento de controlar los contenidos de la red

El recorrido parlamentario de esta iniciativa ha estado lleno de incidentes para el PSOE y ha puesto de manifiesto la falta de respaldo. El pasado 28 de octubre, Simancas presenta su proposición con la que se pretende instar al Gobierno «a liderar una estrategia consensuada y eficaz que permita ordenar libremente la circulación de contenidos en Internet para hacer frente a la piratería, garantizando los derechos de los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de la industria cultural y asegurando la debida protección de la propiedad intelectual».

Este texto provoca un gran malestar en los usuarios de Internet y el PSOE presenta el lunes una enmienda a su propia proposición, en la que ya habla de que este control se llevará a cabo «sobre la base del acuerdo de todos los sectores implicados: industria de contenidos, operadores de Internet, consumidores y usuarios». Al día siguiente, el PP presenta su enmienda y habla de «hacer frente a las actividades ilícitas» y pide un «justo equilibrio entre los diversos derechos fundamentales, particularmente el derecho a la protección de los datos personales, libertad de expresión y de acceso a la información y la defensa de la propiedad intelectual». Otros grupos, como CiU, ERC, BNG y UPyD presentaron enmiendas.

De estas dos formas de entender la lucha contra la piratería cultural: la intervencionista del PSOE, según el PP, posteriormente matizada, y la garantista del PP, así como la aportación de otros grupos, surgió la transaccional. En ella ya se habla, como pedían los grupos, de que la estrategia se haga «de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Ministros de Cultura de 20 de noviembre de 2008» para instar al Gobierno a «impulsar una estrategia consensuada y eficaz para hacer frente a las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual en el entorno, sobre la base del acuerdo de todos los sectores implicados». Además, subraya que dicha estrategia «ha de garantizar un justo equilibrio en el ejercicio de los diversos derechos fundamentales, particularmente el derecho a la protección de los datos personales», entre otros.

El diputado popular José María Lassalle lamentó que Simancas no se haya disculpado «con los internautas a los que ha acusado de piratas y no lo son», a la vez que alertaba de «la alarma social que ha creado y no podrá borrar».