Si nadie le pone remedio, dentro de dos meses tendrá lugar la primera huelga de la historia por parte de los jueces españoles. En Murcia y Extremadura se ha fijado ya la fecha del 18 de febrero, mientras en otras comunidades se estudia la posibilidad de la convocatoria. Una gran parte de la carrera judicial ha perdido definitivamente la paciencia ante la falta de voluntad del Ministerio. Fernández Bermejo incumple sistemáticamente lo que promete y, además, ha tenido tiempo de sobra para promover las reformas necesarias. Por su parte, el nuevo CGPJ debe dejarse de poner paños calientes y de preocuparse exclusivamente de dar una imagen alejada del anterior Consejo e impulsar con un mínimo de rigor y urgencia las medidas anunciadas en el plan de modernización. Más allá del debate jurídico sobre el derecho de huelga de jueces y magistrados, es preciso tomar muy en serio la amenaza de paro o de esa especie de trabajo «a reglamento» que consiste en cumplir de forma estricta los módulos fijados en su día. La Justicia en España sufre problemas endémicos, en especial las dilaciones excesivas, y la opinión pública ha expresado ya su indignación ante determinados casos de mal funcionamiento. Una resolución tardía es ineficaz en el orden civil, laboral o administrativo y puede ser causa de auténticas tragedias en el ámbito penal. Si no se toman las medidas oportunas para prevenir las causas, no servirá de nada rasgarse las vestiduras cuando se produzcan las consecuencias.